Eugeni Gay Montalbo, Elisa Pérez y Javier Delgado habían presentado su dimisión este lunes como miembros del Tribunal Constitucional. Gay Montalbo, vicepresidente, votó el pasado mes de mayo a favor de la legalización de Bildu. Es la primera vez en la historia que dimiten miembros del Tribunal Constitucional.
Tanto Gay Montalbo, como Pérez y Delgado, tenían que haber sido renovados por el Congreso en noviembre, junto con el fallecido Roberto García Calvo. Montalbo y Pérez pertenecen al ala progresista y Delgado a la conservadora. Es precisamente dicha tardanza en la renovación de la institución la causa de las renuncias, según explican fuentes del Alto Tribunal.
El presidente del Constitucional, Pascual Sala, es quien debe aceptar las renuncias y anunciar las vacantes . Si esto sucediera el Alto tribunal quedaría con ocho magistrado, el mínimo para seguir funcionando.
Para la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal estas renuncias son la consecuencia de "la deriva del Gobierno".
Javier Delgado , nombrado a propuesta del PP, fue uno de los cuatro magistrados del TC que el pasado mes de mayo presentaron voto particular contrario a permitir la concurrencia de Bildu a los últimos comicios municipales. También presentó este magistrado un voto discrepante a la sentencia sobre el Estatut de Cataluña, en el que calificaba la postura del resto de sus compañeros de "radical" y advertía que, con su posición sobre este asunto, el alto tribunal había "desbordado ampliamente" las funciones que le atribuía la propia Constitución.
Elisa Pérez Vera , designada a propuesta del PSOE, fue la primera ponente de la sentencia del Estatut, que fue rechazada tras la presentación de hasta cinco borradores, lo que obligó a designar en la ponencia sobre este asunto al actual presidente del TC, Pascual Sala.
Eugenio Gay , por su parte, ha votado siempre con el sector progresista de este órgano con excepción del recurso del PP contra la Ley del Aborto, asunto en el que este magistrado se posicionó a favor de la suspensión de la norma.
El pasado 30 de diciembre el presidente del Congreso, José Bono, dio por cerrado el plazo para proponer candidatos a la renovación del Tribunal Constitucional y, como el PSOE y el PP seguían sin alcanzar un acuerdo, optó por dejar todo el proceso en suspenso a la espera de que los dos grandes partidos decidan poner sus nombres sobre la mesa.
En un "tribunal secuestrado"
El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, asegura en la carta de renuncia que presentó el pasado 8 de junio al presidente de la institución, Pascual Sala, que "tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".
En la misiva, de cinco folios, Gay señala que el retraso en la renovación de su plaza y la de los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado constituye "una grave disfunción" que atribuye al "manifiesto incumplimiento por parte del Senado de su ineludible obligación" de llevar a cabo el nombramiento de los nuevos representantes.
El magistrado, nombrado a propuesta del PSOE, asegura a Sala que él sabe "cuántas veces de manera infructuosa" insistió durante el mandato de la anterior presidenta, María Emilia Casas, en la necesidad de que el tribunal se dirigiera al presidente del Senado, Javier Rojo, y a los "responsables de los partidos políticos mayoritarios en las personas de sus secretarios generales para que dieran cumplimiento al mandato constitucional".
"La situación en la que nos encontrábamos y los temas sobre los que debíamos deliberar y fallar exigían el escricto y escrupuloso cumplimiento del respeto al principio del juez predeterminado por la ley, en este caso por la propia Constitución", afirma.
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha rechazado relacionar las renuncias del vicepresidente y de dos magistrados del Tribunal Constitucional con la sentencia que permitió a Bildu concurrir a las elecciones. A su juicio, esa tesis busca "desviar el centro del problema, echar balones fuera y no reconocer" que el PP tiene "gran parte de la culpa" en el bloqueo de esta institución.
El portavoz de JpD, José Luis Ramírez, ha afirmado en declaraciones que es "posible" que la insistencia del Partido Popular en proponer como candidato al alto tribunal a Enrique López ha "influido" en la situación que atraviesa este órgano. "No es un candidato que reúna el perfil apartidista que exige el cargo", ha señalado.
Tras advertir de que esta circunstancia "ha contribuido a dificultar" la renovación del Tribunal Constitucional, Ramírez ha emplazado a buscar magistrados con una larga trayectoria profesional o jurisdiccional, capacidad de diálogo y consenso y una vocación apartidista.
El problema, un magistrado de la Audiencia Nacional
El PSOE y el PP, cuyos votos son imprescindibles para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, acordaron que, de los cuatro miembros que corresponde elegir al Congreso, dos de ellos habrían de ser propuestos por los socialistas y otros dos por los populares.
El principal escollo que ha encontrado el proceso es el rechazo por parte de los socialistas de la candidatura del magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López, para cubrir este puesto, a la que los populares no quieren renunciar.
La última renovación se produjo el pasado mes de enero , cuando cuatro nuevos magistrados designados por el Senado tras tres años de retraso tomaron posesión de sus cargos.
En dicha ocasión se produjo el cese de la hasta entonces presidenta, María Emilia Casas, y de los otros tres magistrados cuyo mandato había caducado en diciembre de 2007, todos ellos situados en el denominado "sector conservador": Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata y el vicepresidente del tribunal Guillermo Jiménez. Los cuatro juristas finalmente consensuados en la cámara alta y que juraron o prometieron sus cargos en dicho momento fueron el ex presidente del Tribunal Supremo Francisco José Hernando y los juristas Adela Azúa, Luis Ignacio Ortega y Francisco Pérez de los Cobos. EBP / IM
JpD culpa al PP