El Alto Tribunal ha comunicado la admisión a trámite del recurso al Gobierno, al Congreso y al Senado, que tendrán un plazo de quince días para personarse o presentar alegaciones, según ha informado el Constitucional.
Con este crédito aprobado por el Consejo de Ministros se hace frente al pago de programas como el del Eurofighter Typhoon (430,5 millones de euros), el Airbus A400M (143 millones), el vehículo blindado Pizarro (55 millones), el helicóptero Tigre (144,2 millones), el helicóptero NH-90 (85,8 millones) o el misil anticarro Spyke (22,9 millones), entre otros.
Los programas especiales de armamento tienen un sistema de financiación especial que se basa en anticipos del Ministerio de Industria. El pago de lo que se adquiere se realiza con cargo al presupuesto de Defensa y es en el momento de la entrega cuando el fabricante devuelve los anticipos al Tesoro Público.
El Gobierno lleva años recurriendo a esta fórmula de hacer frente a los pagos de los programas de armamento. Concretamente, en el verano de 2012 se aprobó otro crédito de más de 1.700 millones de euros y el año pasado la cantidad ascendió a 877 millones. Tras la aprobación de los últimos Presupuestos el pasado septiembre, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, ya ha adelantado que el próximo año también se aprobará otro decreto similar.
ACUSAN AL GOBIERNO DE "ENGAÑAR" CON EL PRESUPUESTO
Los grupos parlamentarios que han presentado el recurso han manifestado en numerosas ocasiones su oposición a este tipo de fórmulas para pagar el armamento, ya que consideran que el Gobierno "engaña" cada año con el presupuesto de Defensa porque éste se ve luego aumentado con los créditos extraordinarios.
El objetivo al presentar este recurso es, según el portavoz socialista de Defensa en el Congreso, Diego López Garrido, que gastos que ascienden a cientos de millones de euros sean "objeto de debate parlamentario" y no aprobados mediante un decreto.
Para el diputado de la Izquierda Plural Álvaro Sanz con medidas como estos decretos el Ejecutivo está "hurtando" al Parlamento la posibilidad de debate, y considera que en el caso de los créditos para armamento no se dan las razones de "excepcionalidad y necesidad inmediata para no ser tramitados de manera ordinaria".
La diputada de UPyD Irene Lozano quiere que el gasto que ha hecho el Gobierno para armamento comience a "ponerse bajo la lupa de unos jueces" y está convencida de que el Tribunal Constitucional decidirá que los decretos para aprobar créditos extraordinarios son "ilegales".