"Ofrezco mi total colaboración de ahora en adelante en todas las causas. Si tengo que estar semanas reunido con ustedes para aclarar todas las causas pendientes, lo haré. Pero me gustaría ir por mis propios medios, no desde la cárcel. Dicen que la justicia es igual para todos, pero con nosotros no es así", ha afirmado Francisco Correa en su turno de última palabra durante la sesión número 125 del juicio de la primera época de la trama 'Gürtel', que hoy ha finalizado tras más de un año.
A lo largo de la media hora que ha utilizado ante el tribunal, y visiblemente desmejorado, el presunto cabecilla de la trama, de 62 años, ha defendido que él no creó sus empresas "para trabajar para el PP o para delinquir", y que su actividad consistía en una mediación para que otras compañías consiguieran contratos de obra pública. "Me han pagado siempre empresas privadas, nunca un ministerio o un ayuntamiento", ha dicho.
Pide el indulto para Baltasar Garzón
Correa ha aprovechado también este turno para, "como ciudadano español", reclamar el indulto de Baltasar Garzón, al que ve "injustamente inhabilitado" en una causa que "tiene un tinte político y no jurídico".
Visto para sentencia
Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio contra los 37 acusados por participar en la trama Gürtel, entre ellos hay una decena de ex altos cargos del PP, como su extesorero Luis Bárcenas.
El procedimiento se ha centrado en el entramado societario utilizado por Correa para conseguir adjudicaciones irregulares de contratos públicos en connivencia con responsables del PP en las comunidades de Madrid y Castilla y León, el ayuntamiento de la capital y de los municipios madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón y en la localidad malagueña de Estepona. Según la Fiscalía Anticorrupción, con esta operativa se ocultaron al fisco más de 40 millones de euros.
Rajoy como testigo
Asimismo, este juicio, con 125 sesiones, ha marcado un antes y un después en la democracia española. Ha sido la primera vez que un presidente del Gobierno en ejercicio ha declarado ante un tribunal. Mariano Rajoy compareció como testigo el pasado 26 de julio por su responsabilidad anterior al cargo actual en la organización de las campañas electorales.
No es el único político que ha testificado, pues entre los 300 testigos que han desfilado por la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) lo hizo también la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre --quién después de declarar, se mostró a la prensa conmocionada, y a punto de llorar, por la detención del que fuera su 'número dos', Ignacio González, por el caso 'Lezo'--; el presidente del Senado, Pío García-Escudero; o los exministros Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja.
Peticiones de pena
Tras escuchar las versiones de los hechos de los 37 acusados, Anticorrupción ha mantenido su petición de pena para casi todos los encausados y ha sostenido la máxima solicitud, de 125 años y un mes de prisión, para el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. Sin embargo, la Fiscalía insinuó a los magistrados que atendiesen a una rebaja en el castigo por el hecho de que confesó hechos "relevantes" para la causa.
Para sus números dos y tres, el exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el 'El Bigotes', respectivamente, las fiscales piden 85 años y medio de cárcel para el primero y cinco años y dos meses para el segundo. Las condenas impuestas para estos tres acusados se sumarán a los hasta 13 años de prisión que ya están cumpliendo desde el pasado mes de febrero por amañar los contratos del montaje del expositor de la Generalitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.
Al igual, insiste en que el PP se benefició de las actividades de la trama Gürtel en los ayuntamientos de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, así como la exministra de Sanidad Ana Mato, quien, según las fiscales, disfrutó de los regalos que le hizo la red corrupta. Por ello, Anticorrupción reclama 245.492 euros para la formación política y 28.467,53 euros para la exmujer del exalcalde de Pozuelo.
Luis Bárcenas y para el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo se enfrentan finalmente a 39 años y medio de prisión --para Bárcenas se pedía inicialmente 42 años y medio de cárcel--, aunque sus penas pueden verse aumentadas si el tribunal decide responsabilizar a Bárcenas de las conductas delictivas de su esposa, Rosalía Iglesias, y en el caso de López Viejo si los suprimidos los convierte alternativamente en cohecho.