En concreto, la comisión discutirá las propuestas de resolución que los dos grupos mayoritarios han presentado al informe de fiscalización sobre los contratos de publicidad y comunicación institucional suscritos por las principales Entidades locales durante los años 2005, 2006 y 2007.
En sus iniciativas, a las que ha tenido acceso Europa Press, el PP asume las conclusiones a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas y remarca que "el Estado debe velar" por que la normativa autonómica, aceptando su heterogeneidad, ha de resultar homogénea en determinados aspectos.
Así, plantea que las Cortes insten al Gobierno a dar instrucciones a los órganos periféricos de la Administración General del Estado para que se "verifique la escrupulosa adecuación a las exigencias de la legislación básica" de la actividad contractual vinculada con la publicidad institucional que desarrollan los ayuntamientos.
Además, persiguen que el Congreso y el Senado, siguiendo las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, emplacen a las entidades locales a circunscribir las actividades de publicidad institucional "a su utilización como medios de información y educación a los ciudadanos" y a precisar, en la proyección de la campaña, "los objetivos a alcanzar racional y económicamente, así como los sistemas de medición".
EL PSOE PONE EL FOCO EN LAS GRANDES CIUDADES
En contraste con las propuestas generales del PP, las de los socialistas incluyen llamamientos concretos a los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza --cuyos contratos en materia de publicidad institucional fiscalizó el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda-- para que adopten las recomendaciones realizadas por el tribunal.
Entre otras cosas, pretenden que las Cortes insten a los citados consistorios a tomar medidas para lograr una "adecuada justificación en la efectiva realización de las prestaciones contratadas", a hacer una correcta justificación de los gastos derivados y de los expedientes modificados de esos contratos, así como a evitar deficiencias en su adjudicación.
También buscan que se emplace a estos seis ayuntamientos a planificar previamente con rigor y claridad los objetivos a alcanzar con los contratos y a controlar a posteriori si se cumplieron los objetivos marcados.