De Cospedal, asimismo, ha incidido en que cualquier decisión sobre una posible suspensión cautelar de militancia del tesorero del partido, Luis Bárcenas, o sobre su dimisión, se adoptará una vez se conozca si el Tribunal Supremo asume la investigación de la causa contra la trama empresarial que dirigía Francisco Correa.
Preguntada, en el marco de un desayuno informativo celebrado en Madrid, sobre si en el PP hay una doble vara de medir en sus resoluciones acerca de las imputaciones de algunos de sus cargos en la trama "Gürtel", ha afirmado lo siguiente:
"Todas las decisiones se han tomado de común acuerdo, siempre, con las direcciones regionales del partido. La transparencia y la claridad no han podido ser mayores. Y no hay sensación de que haya doble vara de medir, es que no es verdad".
Mientras cargos populares en la Comunidad de Madrid han sido suspendidos de militancia a petición propia, como los tres diputados autonómicos imputados, otros, casos de Camps y de su número dos en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, también imputados por presuntos delitos de cohecho, permanecen con sus cometidos en el partido y en la administración.
De Cospedal ha indicado que a este respecto el PP ha actuado de acuerdo con un criterio de "ejemplaridad", algo que a su juicio no ha hecho "nunca" ningún otro partido cuando ha debido enfrentarse a causas judiciales similares.
Un criterio, ha añadido la secretaria general de los populares, que a su vez se ha basado en que a las personas no se las puede "calificar exactamente igual en el ámbito judicial".
Preguntada también por la información que hoy publica el diario "El País", centrada en el patrimonio del tesorero del PP, Luis Bárcenas, no declarado al fisco, la número dos del partido ha destacado que no supone "conocimiento nuevo de nada", toda vez que no aclara de qué se acusa al responsable de la tesorería de los populares.
Al tiempo que ha denunciado la aparición en el medio de comunicación citado de una nueva información sobre el "caso Gürtel", De Cospedal ha reclamado una administración de Justicia "discreta" para la que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, como la presunción de inocencia.