En un comunicado, Covite ha recordado su adhesión a la manifestación que fue convocada contra el plan de reinserción propuesto por el Ministerio del Interior por la plataforma 'Mujeres por la Justicia', desde "el derecho a la libertad de expresión" y también "del derecho de manifestación".
Según ha explicado, con la participación en esa movilización, "previamente autorizada y en la que se cumplieron todos los requisitos legalmente exigidos", pretendía expresar a la sociedad su opinión sobre esta cuestión.
Covite ha lamentado que "para ciertos sectores del Gobierno vasco el hecho de que determinadas asociaciones de víctimas del terrorismo se manifiesten en contra del plan de reinserción merece el desprecio y la exclusión social de las mismas del ámbito democrático".
Al respecto ha recordado las declaraciones realizadas la semana pasada por el director adjunto de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco, Txema Urkijo, en las que calificaba de "penosa" la deriva de Covite por secundar la citada manifestación.
A juicio del colectivo, "una declaración de este tipo en cuanto que proviene de alguien que ejerce un empleo público, y cuya profesión se centra en la atención a las víctimas del terrorismo, no resulta procedente".
"Toda persona que desarrolla el referido empleo tiene la obligación legal de llevarlo a cabo guardando la consideración debida a los administrados, pudiendo incurrir en una falta disciplinaria de no hacerlo", ha añadido.
Covite ha señalado que puede "comprender" la postura de Urkijo, pero "ello queda muy lejos de la utilización de términos despectivos que conllevan un menosprecio a quienes, aún cuando sea teóricamente, deben constituir el objeto de su gestión".
Por otro lado, Covite ha indicado que este pasado martes el Comisionado para la Convivencia del Gobierno vasco señaló que "la reinserción de presos está dentro de la Constitución", destacando, en alusión a los colectivos que se manifestaron, "que quien vaya en contra de la reinserción se sitúa fuera de la Constitución".
Para el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco esta afirmación "no es correcta, ya que implicaría excluir los derechos de manifestación y de libertad de expresión respecto de todas las materias que de una forma u otra se encuentren avaladas por el ordenamiento jurídico", incurriendo en lo que considera "una práctica propia de las dictaduras que escudándose en su normativa excluyen y limitan los derechos de los ciudadanos".
Asimismo, ha asegurado que "ningún colectivo ha negado la reinserción", sino "las condiciones del nuevo plan de reinserción". Covite se ha preguntado "a qué situación está llegando el Gobierno Vasco respecto de las víctimas del terrorismo" cuando un alto cargo de la Administración pública vasca destaca que las que participaron en la manifestación, "y cuyos familiares fueron asesinados por defender las libertades constitucionales, están fuera de la Constitución".
"Hasta estos momentos creíamos que quienes estaban fuera de la Constitución eran los terroristas, ahora parece ser que aquellas víctimas que discrepamos del nuevo plan de reinserción merecemos, desde el punto de vista del Comisionado para la Convivencia, el mismo trato", ha censurado.
Frente a ello Covite ha pedido a estos "sectores" del Gobierno vasco que "se preocupen menos de la postura de ciertas asociaciones", y "sigan con las actividades que les importan", como "la promoción de la legalización de Sortu, el reconocimiento de las víctimas de abusos policiales, la insistencia en el acercamiento de los presos, la negativa a requerir a las terroristas para que colaboren en el esclarecimiento de los crímenes sin resolver, las manifestaciones dirigidas a la libertad de Otegi o la creación del Instituto de la Memoria, mezclando víctimas de todo tipo".