En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha censurado que la norma crea la "mayor desigualdad" que hasta la fecha ha podido existir entre las víctimas del terrorismo.
En este sentido, Ordóñez ha apuntado que la Ley establece un "agravio comparativo" porque penaliza a las víctimas que no tienen en su poder una sentencia condenatoria para sus victimarios, ya que la norma, en términos de indemnizaciones, "defiende que la vida de quienes no han accedido a la Justicia vale la mitad que la de aquellas víctimas que sí han tenido esa suerte".
Asimismo, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País vasco sostiene la misma postura que ha venido "poniendo en valor" en las reuniones mantenidas de forma "unilateral con grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y con el Ministerio del Interior, celebradas todas antes de la aprobación de este reglamento.
La presidenta de Covite ha recordado que desde el Colectivo se reunieron con el ministerio de Jorge Fernández Díaz en marzo de 2012, y ese mismo mes se celebró otro encuentro con la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.
En esas citas, Covite se opuso a una Ley discriminatoria e instó al Gobierno central a tener en cuenta el planteamiento de los damnificados. Sin embargo, "ni el posicionamiento de Covite ni el del resto de asociaciones de víctimas ha sido tenido en cuenta", ha lamentado.