A juicio del sindicato, el dinero que se ha obtenido hasta ahora y las tasas que se seguirán cobrando a personas jurídicas -grandes empresas y pymes- debe ser destinado a la ampliación de las plantillas, la interconexión informática o la mejora de las condiciones de los trabajadores.
CSI-F valora de manera positiva la rectificación del Gobierno porque da la razón a organizaciones que, como este sindicato, ha venido denunciando que la aplicación de tasas recorta el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Finalmente, CSIF considera que con el dinero recaudado en las tasas judiciales se debería abortar la privatización del Registro civil, "puesto que se podría profundizar en la modernización de un modelo que viene funcionando en España razonablemente bien desde hace 145 años con funcionarios de Justicia".