El Plan tiene su origen más inmediato en una reunión celebrada el pasado 12 de febrero en Madrid entre el juez de control del CIE de Zapadores (Valencia), Francisco Silla, y ambos vocales, a quienes el primero expuso la problemática del establecimiento que supervisa.
Cuesta expondrá los pormenores de este trabajo en la reunión de este martes de la Comisión Permanente del CGPJ, de la que forma parte, donde propondrá que se recogan todos los informes de la Defensora del Pueblo relativos a los CIE y reactivar el grupo de trabajo de los jueces de control que ya existía para que éstos puedan intercambiar experiencias y analizar la problemática de estos establecimientos.
VISITAS
Además los dos vocales organizarán sendas visitas próximamente a la Comisaría General de Extranjería y al CIE de Valencia para hablar directamente con las personas responsables, según informó el vocal Cuesta a Europa Press.
Cuesta y Llombart coincieron durante su reunión con el magistrado en la necesidad de que los siete jueces de vigilancia de los CIE operen siguiendo criterios similaes en áreas en las que se puedan producir problemas o dificultades en el cumplimiento de la normativa vigente.
En este sentido, son frecuentes las denuncias de ONG y colectivos sociales sobre la exigencia de que se informe adecuadamente a los internos sobre la posibilidad de pedir asilo, se les notifique en tiempo y forma su expulsión o se garantice el libre acceso que, por ley, deberían tener estas entidades a las instalaciones.
En la actualidad, los magistrados van respondiendo a las carencias que detectan en los CIE bien a instancias de las ONG en contacto con los internos, bien por sus propias pesquisas en las visitas periódicas que realizan a las instalaciones.
El propio Silla, emitió un auto en abril del año pasado para obligar al centro que supervisa a garantizar el acceso a los servicios sociales de las personas retenidas y eliminar las barreras arquitectónicas que en las visitas, les separan de sus familiares.
Los CIE no son cárceles, sino establecimientos policiales donde se recluye a los inmigrantes para ejecutar su expulsión del país. Estas personas pueden permanecer retenidas un máximo de 60 días, al cabo de los cuales deben salir en libertad. En 2013 pasaron por estos centros más de 9.000 extranjeros y en el 47,5 por ciento de los casos, tuvieron que ser liberados ante la imposibilidad de ejecutar la deportación.