"Que el anexo pase a formar parte de las prioridades del Govern", ha pedido en rueda de prensa junto a las diputadas Eulàlia Reguant y Pilar Castillejo.
Según Botran, hay cuatro puntos que los anticapitalistas quieren que el Ejecutivo catalán comience a desarrollar: educación, derechos, refugiados y financiación.
En educación, recuerdan que la declaración instaba al Govern a "obedecer sólo a las leyes que emanan del Parlament" y, por tanto, proponen desobedecer la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) --conocida como 'Ley Wert'--; derogar las resoluciones derivadas de la misma, y apoyar a las familias que se opongan a que sus hijos realicen las pruebas de carácter diagnóstico que se realizan en tercer curso de Primaria.
En virtud de la resolución, consideran que la 'Ley mordaza' "no tiene validez en Catalunya" y piden no tramitar el expediente sancionador al abogado Andrés Berrio, sancionado en una manifestación contra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona.
Sobre refugiados, instan al Govern a "actuar directamente con Acnur como si de Estado ejerciera" para plantear a la organización de la ONU por los refugiados las prioridades de la sociedad catalana en la materia.
En financiación, han insistido en la necesidad de renegociar la deuda de la Generalitat por considerarla "excesiva" y para que los fondos destinados a sufragarla se destinen al plan de choque social aprobado por JxSí y la CUP.