Las declaraciones por el 'caso Mercamed' continúan este miércoles en Granada

EUROPA PRESS 26/09/2012 07:20

En la segunda tanda de comparecencias señalada por el magistrado Miguel Ángel del Arco ya han ofrecido su testimonio la que fuera coordinadora del proyecto 'Magrec', el museo, y el exdirector del área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, que dependía de IU, Jorge López.

Los citados para este miércoles y jueves serán los últimos en testificar en este mes. Para el mes de octubre (1, 8, 9 y 10) declaran otras cuatro personas. El exvicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo (IU), declarará el 1 de octubre y se han citado como testigos a otras tres personas para el 15, el 16 y el 17 de octubre.

La Diputación, personada en el caso, ha presentado ante el Juzgado una ampliación de su denuncia que incluye a seis empresarios más y a la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo.

Si el magistrado Miguel Ángel del Arco acepta esta ampliación, el número de imputados, por delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos o falsedad documental, pasaría a un total de 21, incluyendo a cargos o excargos públicos, como el exvicepresidente de la Diputación y actual secretario provincial del PCE, Julio Bernardo, o el exdirector del área de Cultura en la corporación durante el anterior mandato Jorge López.

Según afirmaba recientemente en rueda de prensa la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, lo que une a Pérez Cotarelo a la supuesta "trama" es el documento por el que Bernardo delegó en la diputada facultades de seguimiento de Magrec y un contrato posiblemente ilegal que suscribió a través de una empresa intermediaria para el alquiler a un particular de una casa en Chaouen para instalar el museo, cuyo proyecto elaboró la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, también imputada en la causa.

En el caso de los seis empresarios --cinco de Madrid y uno de Granada--, entre los que figuran los tres que interpusieron la denuncia contra Sádaba --posteriormente archivada--, la Diputación ha encontrado expedientes con "presupuestos de dudosa legalidad" y contrataciones por tanto posiblemente irregulares.