El Ministerio de Defensa pretende ahorrar 15 millones de euros al año en la primera fase de la propuesta de racionalización y utilización eficiente de su patrimonio inmobiliario (PREPIDEF), que consistirá en el cierre de 86 instalaciones, en su mayoría subdelegaciones provinciales, y el traslado de su personal a otros edificios militares.
Según han informado a Europa Press fuentes de Defensa, el primer esfuerzo de la propuesta en la que lleva trabajando el Ministerio desde el pasado mes de octubre consistirá en la reorganización del órgano central en las provincias. Esta primera fase no afectará a acuartelamientos, campos de maniobras ni academias.
La propuesta PREPIDEF, que este jueves presentará el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, en el Senado, parte de un listado en el que se han inventariado todas las instalaciones que tiene el Ministerio de Defensa por todo el país. En total, se cifró en 1.046, una lista que incluye cuarteles y grandes bases, pero también locales comerciales, solares y caminos de paso.
INSTALACIONES "INNECESARIAS"
Como primera medida de la propuesta, el comisionado ha detectado la posibilidad de que Defensa se deshaga de 358 instalaciones que, según fuentes de este Departamento, son "innecesarias". Se trata principalmente de fincas, predios, viviendas y locales, que, en muchos casos, llevan años sin ser utilizados.
Ahora, por su nulo impacto en la actividad de Defensa, PREPIDEF propone al Ministerio que las ponga a disposición del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), para su subasta o venta directa.
A partir de aquí, el comisionado ha establecido dos fases para completar el proceso de racionalización. La primera, que se prolongaría hasta 2017, afectaría a 109 instalaciones y comportaría el cierre de 86, en su gran mayoría subdelegaciones del Gobierno. También incluye la cesión del hospital de San Fernando y el cierre de algunas residencias militares.
Defensa considera que esta primera fase tendrá un "impacto mínimo" en el personal. Los civiles y militares afectados no cambiarán de funciones, sino que trasladarán su lugar de trabajo a otro edificio en la misma ciudad.
El objetivo es aprovechar mejor los recursos y ahorrar en el mantenimiento de las instalaciones. En la actualidad se dan casos de edificios de 2.000 metros cuadrados en los que trabajan sólo tres personas.
INVERSIÓN DE 40 MILLONES
En total, esta fase exige una inversión estimada de 40 millones de euros, una partida que Defensa cree que prácticamente se va a "autofinanciar", dados los ahorros que se generarán de inmediato ya que considera que se dejarán de pagar 15 millones de euros anuales. Además, el estudio no tiene en cuenta los ingresos que podrían obtenerse de la venta de algunas de estas instalaciones a través del INVIED. Este instituto también gestiona viviendas propiedad de Defensa, que no forman parte de este plan.
El comisionado también ha presentado su propuesta para una segunda fase, que se llevaría a cabo una vez finalizada la primera, y que afectaría a otras 94 instalaciones, de las que 77 podrían ser cerradas.
En este caso, según las fuentes consultadas, todavía no hay una decisión firme, ya que su puesta en marcha depende de otras medidas que afectan al modelo de Fuerzas y al de enseñanza militar. Aunque ya se ha identificado las instalaciones de las que podría prescindir Defensa, es una cuestión que seguirá siendo objeto de discusión.
Según la propuesta del comisionado, esta segunda fase implicaría el cierre de un menor número de instalaciones que la primera, si bien podría afectar a una superficie muy superior. Así, mientras la primera afecta al 1,6% del suelo urbano del que dispone Defensa y al 0,2% del suelo rústico, la segunda fase podría llegar hasta el 19% del suelo urbano y el 4,3% del rústico.
Estas cifras podrían variar, no obstante, ya que, según las fuentes consultadas, la decisión no está cerrada y dependerá de otras que vaya tomando el Ministerio en los próximos años.
Si se cumplieran los planes que ahora se sugieren y se lleva a cabo la segunda fase tal y como ahora se plantea, PREPIDEF supondría la liberación de 7.000 hectáreas y significaría la desafectación o cierre de cerca del 50% de las instalaciones militares de la Defensa.
Por lo pronto, la primera fase y el plan inicial de desafectación de 385 instalaciones ya afecta a alrededor del 40% de las instalaciones militares. Al margen quedan, de momento, las instalaciones del órgano central en Madrid y los Cuarteles Generales, así como los acuartelamientos de los Ejércitos y la Armada.
Para la elaboración de esta propuesta, el comisionado ha tenido en cuenta el impacto en el personal, la complejidad de las actuaciones, su necesidad y la disponibilidad de financiación. En todo caso, se ha tratado de poner estos requerimientos al servicio de los objetivos de la Defensa y la Seguridad.