La abogada Arantza Zulueta, que representa a una de las acusadas en el juicio por la reconstrucción de Batasuna a través de Bateragune, ha solicitado a la Audiencia Nacional que "no entorpezca las condiciones que existen para abrir una nueva fase en Euskal Herria con resoluciones judiciales injustas sin ningún tipo de base jurídica".
"Entiendo que existen condiciones objetivas y subjetivas en Euskal Herria, en nuestro país, para poder abrir una nueva fase, creo que existen condiciones para poder resolver el conflicto en términos estrictamente políticos. Señorías, solicito de ustedes que no entorpezcan estas condiciones, esta oportunidad, con resoluciones injustas sin ningún tipo de base jurídica", ha dicho la letrada en la exposición de su informe definitivo de conclusiones.
Zulueta se encuentra en libertad bajo fianza de 60.000 euros desde diciembre de 2010 después de que el juez Fernando Grande-Marlaska le imputara un delito de integración en organización terrorista por el papel que jugaba en la estructura etarra, Halboka, que ejercía el control de los presos de la banda y señalaban posibles objetivos.
"PERSEGUIR ACTIVIDADES POLÍTICAS"
La letrada, que ha pedido la absolución de su representada, Amaia Esnal, ha sostenido que, si se condenara al ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi y a los otros siete acusados, la Audiencia Nacional estaría "persiguiendo actividades políticas".
De igual modo, ha puesto de relieve la "escasez de datos" que obran en la causa para probar que su representada formara parte de Bateragune, que se limita a su participación en dos reuniones en abril y septiembre de 2009 en el sindicato LAB y en una rueda de prensa que tuvo lugar en mayo. "Fíjense cómo se lo monta la policía para conseguir detenciones con datos falsos y no ajustarse a la verdad", ha dicho.
"SOMOS NOSOTROS, DETÉNGANOS"
Zulueta se ha preguntado por qué, si Batasuna y el resto de las organizaciones de la izquierda abertzale estaban ilegalizadas en 2009, los acusados se iban a presentar públicamente como miembros de Bateragune. "¿Van a decir 'Somos nosotros, deténganos'", señaló.
El fiscal Vicente González Mota ha retirado la acusación contra Esnal y los también acusados José Luis Moreno Sagües y José Manuel Serra, al considerar que no se ha podido probar que pertenecieran a Bateragune.
Sin embargo, la acusación popular, que ejerce la asociación Verde Esperanza-Voces contra el Terrorismo, ha elevado a definitiva su petición de 14 años de cárcel aunque ha dado la posibilidad de que se les rebaje a 8 años si sus integrantes consideran que no tenían un papel "dirigente" en la estructura de Bateragune.