El director económico de RTVV declara el jueves ante Ruz por ordenar el contrato del viaje del Papa

El magistrado imputa indiciariamente a Ruz los delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos por "la participación que pudiera haber tenido, directa o indirecta, en los procedimientos de adjudicación" del contrato a la constructora Teconsa, que ascendió a 7.493.600 euros.

La imputación, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, se ha producido después de que el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater declarara el pasado 31 de mayo que Calatayud les dijo que adjudicaran el contrato a Teconsa "por órdenes superiores", lo que él interpretó como una directriz del propio exdirector del ente Pedro García Gimeno.

De hecho, Ruz especifica en un auto que García Gimeno declaró que Calatayud "habría intervenido en los procedimientos de adjudicación" y que Sabater precisó que su labor consistió en "ordenar o transmitir" sus órdenes y hacer "él mismo" el informe propuesta de ese expediente.

Según fuentes personadas en la causa, Sabater indicó que él ni siquiera elaboró ese informe, que estaba fechado el 4 de mayo de 2006, y que lo único que hizo fue firmarlo una semana después, tras volver de Roma de la presentación de la cobertura del V Encuentro Mundial de las Familias, que se desarrolló entre el 7 y el 9 de julio de 2006.

La versión de estos dos exaltos cargos de la televisión valenciana contradice la que realizó García Gimeno el pasado 8 de mayo, cuando aseguró que la adjudicación a Teconsa la hizo la Mesa de Contratación de la radio televisión valenciana y añadió que los regalos que recibió del presunto responsable de Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', eran "los normales entre amigos". "Yo sólo firmaba", aseguró.

OTRAS CINCO DECLARACIONES

Ruz también ha citado a declarar el mismo día a Carlos Ignacio Fragio Díaz, administrador de una de las empresas que se hizo con los contratos de Teconsa junto a su hermano Óscar, al que el juez citó a declarar el pasado 7 de mayo. Le atribuye delitos contra la Hacienda pública y falsedad.

De igual modo, ha acordado la comparecencia en calidad de testigos de otros cuatro trabajadores de la televisión autonómica valenciana que conocieron el proceso de adjudicación. Se trata de Teresa Villó, Alejandro Serrano, José Selva Guillén y Andrés Bravo.

ONCE IMPUTADOS

De esta forma, el número de imputados por la contratación de la visita del Papa a Valencia se eleva a once. Entre ellos se encuentran los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez, 'El Bigotes'; los empresarios Óscar y Carlos Ignacio Fragio Díaz; Vicente Torro Casanova, administrador único del Grupo Avalon; y Ana María Martínez Penades.

Por lo que se refiere a los altos cargos de RTVV están imputados el exdirector Pedro García Gimeno; el director económico, Ricardo Calatayud; el exdirector de Antena Antonio de la Viuda; y el exjefe del Departamento Técnico Luis Sabater.

A los empresarios y García Gimeno se les atribuyen los delitos de cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública por el IRPF correspondiente a 2006 de las personas que percibieron fondos derivados de esta contratación y el Impuesto de Sociedades e IVA que Teconsa dejó de abonar ese año.

REITERADAS DÁDIVAS

Según el informe de la Fiscalía Anticorrupción que motivó estas imputaciones, el exdirector general de la RTVV habría percibido "reiteradas dádivas en forma de prendas de vestir, vehículos y entrega de fondos en metálico" del entorno de Francisco Correa que "al menos parcialmente" estarían vinculadas con "la contratación irregular" de RTVV con algunas de sus empresas.

Por su "volumen" y el "número de irregularidades" detectadas el Ministerio Público destaca el acto del V Encuentro Mundial de las Familias, que la televisión pública valenciana adjudicó a Teconsa por un importe de 7.493.600 euros.

Los trabajos fueron subcontratados después a las "empresas pantalla" Apogee, Impacto Producciones, Sirius Show Equipement, Wild Electronic Design, Castaño Corporate y Free Consulting, que habrían girado facturas supuestamente falsas por valor de 1.242.690 euros.