El documento, que recoge Europa Press, se dirige contra la resolución del Gobierno balear del 12 de mayo de 2016, por la que se establece el informe final de los alumnos de 6º de Primaria y se crea la Comisión Externa de Valoración del mismo.
Por este motivo, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo advierte de que el Gobierno balear en su resolución "no establece la aplicación de ninguna prueba específica" de evaluación final de etapa ni propone "un modelo de prueba elaborado por la Administración educativa".
Explica que sólo determina la entrega al alumnado de un informe final que recoge el resultado de la evaluación continua y no los resultados de la prueba específica, con lo que, a juicio del ministerio, "no tiene el valor de evaluación externa".
Educación advierte en su requerimiento que tampoco se aplican en Baleares los cuestionarios de contexto, dirigidos a padres, alumnos y profesores, que sirven para adecuar los resultados de las pruebas a los indicadores socioeconómicos y culturales específicos de cada centro.
En consecuencia, argumenta que siendo "obligación del Estado velar por el cumplimiento de la ley", ha procedido a requerir a la Administración autonómica. Acusa a sus responsables educativos del "incumplimiento a sabiendas" de la norma estatal, impidiendo a las familias "obtener una información relevante" sobre el grado de consecución de las competencias y objetivos del currículo por parte de sus hijos.