Según confirmó a Efe Martha Youth, portavoz de la embajada, Sullivan habría abandonado esta mañana el país, "dentro de las 48 horas" que el Gobierno había determinado el pasado miércoles.
"Los detalles exactos de cuándo ha salido no los tengo, pero hemos hecho todo en conformidad" con las directivas del Ejecutivo ecuatoriano, dijo Youth.
El 18 de febrero, el Gobierno hizo pública la expulsión "inmediata" de Sullivan por su injerencia en asuntos de seguridad de Ecuador, concretamente en la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES).
Según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, recogidas hoy por el portal Ecuadorinmediato, un informe de la Comandancia General de la Policía determinó que Sullivan actuó de un modo "inaceptable, claramente atentatorio contra la dignidad del Gobierno de Ecuador y de su Policía".
La salida de Sullivan se suma a la del agregado de la misma embajada, Armando Astorga, quien también fue expulsado por el Ejecutivo después de que se revelara una carta en la que daba por finalizado un convenio "verbal" e "informal" con algunas unidades de la Policía.
La tesis del Gobierno del presidente Rafael Correa es que como país "soberano" no puede permitir la intromisión de autoridades de otros países en asuntos internos de Ecuador y, con estas medidas, pretende transparentar los acuerdos de cooperación internacional en todos los ámbitos.
En ese sentido, Falconí declaró que "no existía ningún tipo de documento oficializado por escrito que implique un plan de acción, un convenio, (...) un acuerdo entre las partes, unos objetivos claros".
El 2 de febrero, Correa ordenó a las unidades policiales que devolvieran a la embajada todo el material que le había sido donado por la representación diplomática, pero en el trámite no sólo se entregaron vehículos y ordenadores sino también información reservada.
Ante eso, el Gobierno decidió iniciar una investigación que, por el momento, señala como responsables a un mayor y a tres capitanes de la Policía Nacional.
Asimismo, en la entrevista con la página web local, el canciller confirmó que Sullivan "dispuso el retiro de los ordenadores de computación y los vehículos que habían sido cedidos a altos funcionarios en préstamo para el cumplimiento de sus funciones".
"Dicha acción privó al Estado ecuatoriano de información almacenada durante años por la UIES, lo que constituye un grave perjuicio para las investigaciones que lleva a cabo esa unidad. Aquí hubo hechos realmente bien anómalos, difíciles y que merecían una respuesta contundente", declaró Falconí.
Para el canciller, "los pilares fundamentales sobre los cuales se sostienen las relaciones internacionales en un país son básicamente, para nuestro mandato constitucional, la integración latinoamericana y la soberanía nacional".
Por ello explicó que, después de lo ocurrido, Ecuador quiere "construir una relación sólida con EE.UU. donde los temas de seguridad no sean los únicos que toquemos en la agenda", sino que también se traten ámbitos como migración, derechos humanos o pobreza.
"Que estos diálogos se los realice bajo el marco de un respeto mutuo y cooperación en función de los intereses de los dos países", apostilló.