El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, considera "urgente" que el Tribunal Constitucional acabe convirtiéndose en una sexta sala del Tribunal Supremo con el fin de evitar que sea "una tercera instancia" como ocurre actualmente.
En el marco de las jornadas 'La situación de la Justicia en España: diagnóstico y posibles soluciones', celebradas en el Colegio Notarial de Madrid, el magistrado ha abogado por emprender una reforma constitucional que facilite la creación de una Sala en el Supremo encargada de resolver la impugnación de leyes, las cuestiones de constitucionalidad y los conflictos de competencias.
A su juicio, el resto de salas que integran el Tribunal Supremo deben ser "el máximo intérprete" de la Constitución en las cuestiones relativas a los derechos fundamentales que afectan a cada jurisdicción y con posibilidad de que un recurso para la unificación de doctrina resuelva las divergencias que pudieran surgir entre ellas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional también ha propuesto que una "real" Oficina de Recuperación de Activos y un "auténtico" Programa de Protección de Testigos sean financiados con el dinero aprehendido a las organizaciones criminales.
Velasco, miembro de la 'Plataforma Cívica por la Independencia Judicial', ha emplazado a celebrar antes de las elecciones al próximo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) unas "primarias" en las que participen los candidatos de las asociaciones judiciales así como los jueces no asociados. El objetivo es evitar que los órganos políticos seleccionen a los "más politizados".
A su entender, es necesario que los altos cargos del Supremo, los Tribunales Superiores de Justicia o las Audiencias Provinciales sean elegidos de manera "directa" por los propios jueces del territorio.
Igualmente, ha apostado por reforzar la "independencia" y la "despolitización" del Ministerio Público respecto del poder Ejecutivo así como por impulsar la "autonomía" y la "imparcialidad" del Consejo Fiscal.
LLAMAMIENTO A LOS POLÍTICOS
Velasco ha participado acompañado de abogados, fiscales y procuradores en una mesa redonda dedicada a proponer los cambios imprescindibles que debe atravesar la Administración de Justicia. En ella, ha culpado a los políticos de la escasa inversión en Justicia, "una de las pocas áreas que no se pueden privatizar como la Policía o el Ejército" y a la que debería destinarse el 2% del PIB y no el actual 0,38%.
"Los jueces están al límite de sus posibilidades, mal retribuidos y soportando, con el esfuerzo personal de muchas horas robadas al sueño, la familia y el ocio, que el sistema no colapse y reviente, a un precio de sobrebordamiento tal que el ciudadano, lejos de agradecérselo, le critica por los fallos que la prisa, el solapamiento del trabajo y la complejidad de su labor conllevan", ha señalado.
"La Justicia no se arregla sin política, pero la política pasa de la Justicia", ha lamentado Velasco, para confiar en que las reivindicaciones expuestas en este foro "se fuguen a alguno de esos cerebros maravillosos que viven de la política".
Entre otras propuestas, el magistrado ha demandado que el Poder Judicial gestione su propio presupuesto y que "se deshinche" el estatuto disciplinario encaminado a "adocenar e intimidar" a los jueces. Según ha dicho, son los funcionarios que se enfrentan a mayores sanciones y mayor responsabilidad civil.
Además, ha apostado por regular un sistema de recursos para evitar tácticas dilatorias en pro de la rapidez y la agilidad en la resolución de los procedimientos. En su opinión, se deberían penalizar "las conductas procesales claramente temerarias y meramente dilatorias" mediante un sistema que en esos supuestos "condene también en las costas públicas".
El magistrado se ha mostrado partidario de eximir de entrada de nuevos asuntos durante un año a los jueces que hayan heredado un juzgado con "exceso de causas antiguas con peligro de prescribir" y a asignarles un plan de refuerzo para ponerlas al día.
Asimismo, ha llamado a especializar a los órganos en delincuencia económica, grupos criminales y anticonstitucionales, ciberdelincuencia o delincuencia sexual y a suprimir "las concebidas especializaciones con finalidad meramente propagandísticas".
Por último, Eloy Velasco ha planteado la posibilidad de instaurar "un cumplimiento alternativo personalizado" que desmasifique los centros penitenciarios, de manera que las sanciones privativas de libertad se dimensionen en función de "la esperanza de vida media ciudadana y la reparación real a la víctima" y donde se prevea un mayor número de grados penitenciarios para la vida en libertad.