Esquerra Republicana (ERC) ha presentado una serie de enmiendas a la Ley de Transparencia con las que, entre otras cosas, plantea que todas las instituciones que reciben dinero público, incluyendo la Iglesia y la Casa Real, expliquen en el Congreso cómo gastan esos fondos y para que se recorten los sueldos de los altos cargos para que nadie, ni siquiera el presidente del Tribunal Constitucional, tenga retribuciones más de un 25% por encima de las del presidente del Gobierno.
La formación independentista entiende que el proyecto del Gobierno parece más "una Ley de Opacidad" y por ello ya presentó en mayo un texto alternativo que, pese a haber sido rechazado por el PP, se refleja en las enmiendas parciales que ha registrado en el Congreso.
En primer lugar, defiende que cualquiera que gestione o reciba dinero público debe dar explicaciones sobre el destino del mismo, y no sólo los partidos, como plantea el Gobierno, sino también la Casa Real y la Iglesia. "Y no sólo debe hacerlo garantizando la información, sino que también debe estar obligado a comparecer ante el Parlamento para ser fiscalizado", sostienen.
En concreto, proponen someter a la obligación de mantener una transparencia activa a toda la Administración pública y también a aquellas entidades con una participación pública mayor del 10% y a las empresas contratadas o subcontratadas por la Administración.
QUE SE VEA "HASTA LA ÚLTIMA FACTURA"
Esa transparencia activa incluye, según ERC, ofrecer información básica del organismo (organigrama, funciones, patrimonio, etcétera), datos económico-presupuestarios sobre concursos y contratos, y también los currículum, agendas y retribuciones de sus dirigentes. Es más, quieren que se publique "hasta la última factura de gasto" con los únicos límites que marca la Constitución.
Al margen de las obligaciones genéricas de transparencia activa, para toda la Administración Pública, ERC busca que se dé información concreta sobre temas como las balanzas fiscales, los compromisos con organismos internacionales y de cualquier proyecto de norma legal que sea trasladado a cualquier otro órgano, público o privado, para contrastar su opinión.
Pero ERC aprovecha las medidas de buen gobierno contempladas en el proyecto del Ejecutivo para pedir la supresión de "privilegios" de representantes políticos: "Ni tratamientos de cortesía (Excelentísimos, Ilustrísimos y demás), ni tarjetas de crédito a disposición, ni coches oficiales, ni viajes en Primera", alegan.
NADA DE DIETAS POR CONSEJOS
Igualmente, reclaman una regulación estricta del uso exclusivo de medios públicos, de los viajes oficiales y de los regalos institucionales, así como una mayor austeridad en las retribuciones de cargos públicos para que "ningún cargo de representación política podrá cobrar más que el presidente del Gobierno anualmente, ni ningún otro cargo público --incluyendo el presidente del TC-- podrá cobrar más de un 25% más que el presidente del Gobierno". En la misma línea, se rechaza la percepción simultánea de dos o más sueldos, al igual que las dietas por formar parte de consejos de administración.
Las enmiendas de ERC incluyen también propuestas relativas al funcionamiento del Parlamento para evitar vetos o dilaciones a las comparecencias del Gobierno y para regular el funcionamiento de los grupos de influencia ('lobby'), así como garantías para que cesar a los parlamentarios que voten contra los compromisos electorales adquiridos en la campaña.