Esta solicitud la han hecho en sus enmiendas al proyecto de Ley de medidas fiscales, financieras y administrativas, más conocida como ley de acompañamiento, y que este miércoles ha publicado el Boletín Oficial del Parlament (BOPC).
En tres meses el Govern debe presentar dos proyectos de ley: uno para crear una administración electoral propia y otro que regule la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los impuestos, para garantizar que esté a pleno rendimiento cuanto antes una hacienda catalana.
Para el próximo semestre, piden también al Consell Executiu que regule el funcionamiento de una Seguridad Social propia que asuma las funciones que presta ahora la administración estatal, la continuidad de servicios e infraestructuras físicas y tecnológicas ante posibles "amenazas", y redactar un plan catalán de seguridad nuclear.
También en seis meses se debe estudiar una eventual asunción de las funciones aduaneras y una modificación de la ley que regula la Autoridad Catalana de la Competencia, "para prever una eventual asunción de las funciones reguladoras" en diferentes ámbitos que ahora competen al Estado, como energía, telecomunicaciones y transporte ferroviario.
Otra petición insta al Ejecutivo de Mas a hacer "todas las actuaciones necesarias" para que los empleados públicos reciban antes de abril una cantidad que equivalga a la parte proporcional de la segunda paga extra correspondiente a Navidad de 2012, y que fue recortada.
También en función pública, reclaman que los altos cargos de empresas privadas no cobren más que los consellers y los altos cargos y eventuales de la propia Generalitat, y evitar que una misma persona pueda ocupar cargos de responsabilidad en la sanidad pública y en la red privada.
POLÍTICA SOCIAL
En sanidad, reclaman que cualquier cambio amplio o profundo en la red pública sea puesta en consideración al Parlament, ya que "cualquier decisión requerirá un consenso", e instan a regular de una vez por todas el ejercicio de las terapias naturales por parte de profesionales y centros no sanitarios y las asociaciones de fumadores de cannabis.
En cuanto al nuevo fondo para combatir la pobreza energética, reclama que se financie "fundamentalmente a partir de las aportaciones de las empresas subministradoras", par que se esté operativo antes del 30 de septiembre.
Reclama también que equipare los precios de las universidades públicas y de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) de las familias monoparentales a las numerosas, bonificaciones en la tasa para inscribirse a la Selectividad.
Solicitan renovar el sistema de financiación de los centros educativos concertados, para que sea "equitativo" y estudiar que el sistema de transporte escolar financiado con fondos públicos pueda abrirse al resto de la población si hay plazas disponibles.
Sobre el sector del juego, reivindican que formen parte de la base imponible que pagan los casinos el bingo, el bingo electrónico, los juegos telemáticos y los que requieren el uso de dispositivos informáticos o electrónicos.