El Gobierno catalán deberá presentar en un plazo de tres meses ante el Parlamento autonómico un proyecto de ley que regule las consultas populares que no son un referéndum.
Este es el compromiso que ha logrado rascar ERC del Govern de CiU al concluir sus trabajos la comisión parlamentaria que ha estudiado una nueva financiación para Cataluña.
A cambio, los republicanos hacen una renuncia: descartan poner fecha a la celebración de una eventual consulta sobre el concierto que, en no ser un referéndum, su resultado tampoco sería vinculante, aunque sí que contribuiría a dar una mayor legitimidad a la demanda catalana.
Concretamente, lo que ha aprobado la comisión con los votos de ERC, ICV-EUiA y CiU es que la futura ley que regule las consultas populares que no son un referéndum permita "dar apoyo legal y político a un proceso de ratificación ciudadana de la propuesta de pacto fiscal basado en el concierto económico".
Los republicanos reclamaban que esta eventual consulta se hiciese antes de que el Gobierno catalán empezase a negociar con Madrid la nueva financiación catalana, aunque finalmente no se pone fecha.
La comisión parlamentaria concluye sus trabajos el mismo día de que, en un artículo en 'La Vanguardia', destacados agentes económicos y sociales catalanes hayan expresado su plena adhesión a que Cataluña tenga una financiación que la equipare al concierto vasco y navarro, reduciendo su solidaridad al resto de comunidades autónomas.
El artículo lo firman el ponente constitucional de Minoría Catalana y exdirigente de CiU Miquel Roca, que en la actualidad preside la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País; el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Joaquim Gay de Montellà; el del Instituto Agrícola Catalán de Sant Isidre, Baldiri Ros, y el presidente del Ateneu Barcelonès, Francesc Cabana, recalcando que la reivindicación del concierto no es algo reciente, y de hecho, todas estas entidades ya la hicieron suya "a finales del siglo XIX".