El presidente de Crysol, Baldemar Tarocco, dijo a Efe que la propuesta del Gobierno, elevada este lunes al Parlamento uruguayo, es "un lavado de cara" y "no contempla a todo el universo de víctimas del terrorismo de Estado".
"Sólo incluye indemnizaciones para familiares de asesinados y de desaparecidos, pero no hay nada para ex presos políticos, exiliados y niños en cautiverio", aseveró Tarocco.
En el proyecto de ley, compuesto de 24 artículos, el Estado uruguayo se reconoce por primera vez como único responsable de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico-militar que gobernó en el país de 1973 a 1985.
Además, se responsabiliza de las prácticas ilegítimas realizadas en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, lo que incluye las realizadas durante del último gobierno democrático antes de la dictadura.
Según Tarocco, "es un avance que el Estado reconozca su responsabilidad", pero la propuesta legislativa "no cumple" la normativa de Naciones Unidas respecto a la reparación de víctimas de violaciones de los Derechos Humanos.
"No incluye un día de la memoria ni una disculpa oficial a las víctimas por parte del Estado", lamentó Tarocco, quien sin embargo reconoció que la ley prevé "mejoras" como la atención médica y psicológica a los afectados y el reconocimiento de su condición de víctimas del Estado a través de un documento.
No obstante, Tarocco precisó que, "en la medida que deja a algunas víctimas fuera de los supuestos previstos por la ONU -restitución, dignificación, indemnización, rehabilitación y garantía de no repetición-, no podemos considerarla una ley de reparación integral".
El presidente de Crysol subrayó que la ley excluye de las indemnizaciones a las víctimas amparadas por leyes reparatorias anteriores, como la que permite la pensión jubilatoria para ex presos políticos.
"Los que recibimos la pensión no seremos indemnizados por los daños de tortura o prisión prolongada", indicó.
Según Tarocco, "muchas víctimas" están disconformes y evalúan la posibilidad de llevar a juicio al Estado si el proyecto de ley sigue adelante.
La norma, que ahora debe ser debatida y aprobada por el Parlamento uruguayo, se incorporará al informe cuatrianual que el Gobierno uruguayo presentará el próximo lunes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, el canciller Gonzalo Fernández manifestó este lunes en el Consejo de Ministros que el proyecto supone "un importante avance" de Uruguay en el cumplimiento de la normativa internacional en materia de Derechos Humanos, según recoge el diario Últimas Noticias.