Los primeros imputados, entre ellos el exdirigente de Izquierda Unida (IU) José Antonio Moral Santín, han coincidido en que los gastos de las visas, en las que se cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012, eran una parte de su retribución que podían destinar a gastos como ropa, viajes u obsequios y que la entidad tributaba por ellos ante Hacienda. El sindicalista de CCOO Pedro Bedia ha dicho incluso que desde la dirección de la entidad se le pidió que utilizara más la tarjeta porque la estaba usando "poco".
Durante las comparecencias, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imposición de fianzas civiles para todos los exconsejeros a excepción de los miembros de CCOO Juan José Azcona y Rodolfo Benito y el representante de Unipyme Guillermo Marcos, que han defendido que han atribuido el uso de sus plásticos a gastos de representación.