Márquez sucedió a Francisco Javier Guerrero al frente de la Dirección General de Trabajo, en la que permaneció entre abril de 2008 y abril de 2010. Está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, malversación y falsedad, unas imputaciones que están relacionadas con la concesión de 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por un valor de más de 154 millones.
El exalto cargo, que ha iniciado la tercera jornada de comparecencias de la comisión y, al igual que el resto de imputados que han sido llamados a la misma, se ha acogido a su derecho a no declarar y a no contestar a preguntas, sí que ha insistido en una breve intervención en que no ha cobrado "ni un solo euro en ningún concepto más allá de mi sueldo, ni he tenido conocimiento de que alguien se haya podido lucrar".