El Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza investiga estos hechos después de que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza haya apreciado que podría haber indicios de delito tras estudiar la documentación remitida por el Tribunal de Cuentas, según ha informado este miércoles, 23 de abril, Heraldo de Aragón.
El Tribunal de Cuentas señala que el presupuesto de licitación del contrato se calculó a partir de unas previsiones de demanda muy alejadas de la realidad ya que el IASS estimó que usarían el servicio 260 usuarios al mes, cuando la demanda real no supera los cien. El informe apunta que el importe de adjudicación se ha visto encarecido en torno a 971.000 euros.
El exgerente del IASS declaró este martes ante el juez junto a una interventora, también imputada, y ambos explicaron que el contrato se formalizó conforme a las previsiones de los futuros beneficiarios de la ley de la dependencia, que después no se han cumplido por la situación económica, argumentaron.