En varios autos notificados en los últimos días, el magistrado impone a Correa y al ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, una fianza de 85 millones de euros a cada uno.
A estos hay que sumar la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.
Además, Pedreira ha fijado una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Alvaro Pérez, "El Bigotes".
Si los imputados no satisfacen la fianza, el magistrado procederá al embargo de sus bienes. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía fechado el pasado 30 de enero dice que el conglomerado de empresas constituido por Correa conseguía contratos publicitarios, de organización de eventos o de diseño de campañas a cambio de "contraprestaciones" económicas o de otro tipo a los políticos que se los concedían.
Correa también negociaba previamente la concesión de adjudicaciones de suelo, obra pública o construcción de viviendas igualmente a cambio de compensaciones económicas.
Las sociedades que controlaba emitían facturas falsas para justificar los ingresos, que luego eran blanqueados en paraísos fiscales, lo que ha permitido a Correa "disponer de una capacidad inversora en cualquier parte del mundo".
Los autos también recogen el informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, que en el caso de Correa -que en ese periodo no hizo la declaración de la renta- revelan que "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".
Ocultación de patrimonio
Por su parte, sobre Crespo, el considerado "número dos" de la trama, el juez señala que en 2006 dejó de declarar a Hacienda 539.120,13 euros, aunque el auto sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, S.L.".
Entre los hechos que se le imputan figura el haber cargado la factura de una bicicleta que compró su hija a la sociedad Orange Market.
La mujer de Correa, Carmen Rodríguez, es considerada "copartícipe en la estrategia de ocultación de su patrimonio" y se la acusa de haber favorecido a las empresas de su marido cuando era directora de Gabinete en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).
Por último, Pedreira dice que la sociedad controlada por Alvaro Pérez, Orange Market, dejó de ingresar en 2006 y 2007 por el concepto de retenciones de trabajo personal un total de 330.833,81 euros, cantidad que justifica la fianza de 650.000 euros impuesta a "El Bigotes". RSO