El profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez Sánchez considera que el control sobre las cuentas de los partidos políticos debería recaer en un órgano supervisor distinto al Tribunal de Cuentas como, por ejemplo, la Junta Electoral Central, un ente, a su juicio, con más capacidad de independencia y de rendición de cuentas que el actual fiscalizador.
Así lo defendió durante su comparecencia ante la Comisión Anticorrupción del Congreso, donde apostó por exportar a España el modelo británico e irlandés, que cuentan con una denominada Comisión Electoral que se encarga de controlar las finanzas de las formaciones políticas.
Aunque Jiménez dejó claro que "no tiraría a la basura del Tribunal de Cuentas", le criticó por no hacer "una labor muy ágil ni efectiva" en la fiscalización de los partidos. A su juicio, ni siquiera el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda "está muy contento" con tener encomendada esa tarea, y así lo recuerda cada vez que se le interroga por sus informes de fiscalización, por lo que convendría delegarla en otro supervisor más independiente.
MODELO BRITÁNICO
En este contexto, aconsejó estudiar la posibilidad de que sea la Junta Electoral la que se ocupe de este tema, tomando como modelo la citada comisión británica, donde, explicó, hay una representación de los partidos pero también "una autoridad muy independiente".
Según Jiménez, en un estudio realizado entre 2011 y 2012, la Junta Electoral se reveló como el órgano español "con más capacidad de independencia, con más capacidad de actuación y con más capacidad de responder de sus propios actos".
En la actualidad, el organismo arbitral está compuesto por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por insaculación por el Consejo General del Poder Judicial y por cinco catedráticos Derecho, Ciencias Políticas o Sociología, en activo, designados los partidos.
Además, tanto Jiménez Sánchez como el catedrático de Derecho Administrativo y presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, José María Gimeno Feliu, coincidieron en señalar la despolitización de la Administración como medida clave para atajar la corrupción.
LOS CASOS DEL CANAL DE ISABEL II Y ACUAMED
En concreto, Jiménez puso el acento en el nombramiento con criterios políticos de los directivos de entes instrumentales, recordó casos como el de Acuamed o el del Canal de Isabel II, y llamó a extremar los controles sobre estas entidades. Y también aquí recomendó seguir el modelo irlandés y nórdico donde los políticos tienen muy poca o nula capacidad de influencia en la concesión de contratos públicos.
En la misma línea, Gimeno Feliu abogó por modificar la Ley de Contratos Públicos para aumentar los controles sobre los mismos y dejar su adjudicación en manos de los profesionales, es decir, apostó por sacar a los políticos de las mesas de contratación y que estén integradas únicamente por funcionarios.
Según Gimeno, la legislación vigente tiene un "caballo de troya", los "portillos" que se pueden utilizar para burlarla y que se deben "corregir" introduciendo más controles. De hecho, denunció que el 70% de los entes públicos que deberían por ley publicar sus contratos no lo hacen y que la Unión Europea ha cifrado en 47.000 millones el coste de la ineficiencia en la contratación.
SISTEMA "CAÓTICO" Y "PERVERSO"
El catedrático subrayó que la presencia de concejales o políticos de distinto rango en las mesas de contratación va "en contra de la idea de que estos deben ser órganos profesionalizados", por eso defiende que formen parte de las mismas únicamente los "profesionales de la gestión de la contratación pública", como también reclama la Unión Europea. "Cada uno a lo suyo, el político a las decisiones políticas y el funcionario a la gestión administrativa", resumió.
Además, alertó de que el sistema jurídico de contratación pública en España es "perverso" porque, entre otras cosas, distingue entre administraciones y entre contratos de importe armonizado o no armonizado, lo que hace que las distintas empresas públicas o entes instrumentales puedan dotarse de instrucciones internas diferentes.
Según detalló, en este momento existen "más de 10.000 instrucciones internas" en esta materia que generan un "caos regulatorio" al que debería ponerse fin. "Si relajo el control de la contratación en la administración y le permito contratar de forma distinta, no es raro se creen redes clientelares", constató, abogando por aplicar las mismas reglas de contratación para todos, con independencia del importe del contrato o del ente que contrata, como se hace en el resto de los países de nuestro entorno.
MÁS COMPETENCIAS AL TRIBUNAL DE CUENTAS
En este contexto, remarcó que la figura del contrato negociado sin publicidad, que se va a prohibir en Cataluña, "es un mal procedimiento", y señaló también la necesidad de resolver los problemas que generan en este ámbito los denominados contratos menores.
Asimismo, se mostró partidario de extender el recurso especial a todos los contratos y de extremar el control sobre los modificados que, a su juicio, suponen un "problema estructural en España". "Esto es un tema clave", ha dicho, a la vez que ha insistido en que "si no se controla, la tentación es muy fuerte".
En este punto, sugirió que se dote al Tribunal de Cuentas de "poderes ejecutivos" para controlar los contratos públicos, como ocurre en los países anglosajones, de forma que, por ejemplo puedan recurrir los modificados, sancionar a quien le niegue información o paralizar actuaciones ilegales.