El catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona (UB) Alfredo Galán y el de Hacienda Pública del mismo centro Joaquim Solé Vilanova se han opuesto a que los municipios menores de 20.000 habitantes trasladen la titularidad de sus servicios obligatorios a la Diputación que corresponda en caso de recibir evaluaciones negativas sobre su prestación, tal y como recoge el anteproyecto estatal de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Lo han defendido durante su intervención en la Jornada sobre Municipios 2013 organizada por la Fundació Ernest Lluch y Fòrum Cívic en el Ateneu Barcelonès, después de la intervención inicial del presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve, y ambos han coincidido en criticar que la propuesta estatal se haya formulado "sólo" como respuesta a la crisis financiera, únicamente bajo criterios de solvencia económica, y sin estudios de base que la justifiquen.
Galán ha señalado que forzar el traspaso de servicios obligatorios de los municipios con menos de 20.000 habitantes a la Diputación de su provincia afectaría a la legitimidad democrática, ya que el poder de las Diputaciones está sometido a menor control de la ciudadanía, y sería una espada de Damocles sobre las cabezas de estos municipios, que correrían el riesgo de quedar "como un cascarón vacío".
Ha añadido que la medida es un pretexto para provocar futuras fusiones de municipios, algo que el Ejecutivo central "no se ha atrevido" a establecer en el actual texto, deja de reconocer la atribución a los municipios de competencias generales y complementarias a las de otras administraciones --con el argumento de evitar duplicidades-- y debilita las fórmulas asociativas como los consorcios y las mancomunidades.
En cuanto a las competencias impropias que puedan asumir los entes locales, ha asegurado que se reconocen en el texto --aunque no de forma clara--, y que con ello se contradice la intención de evitar duplicidades, mientras que las iniciativas públicas económicas de estos entes quedarán subordinadas a estudios de mercado, un aspecto que podría vulnerar la Constitución, ha señalado.
Solé Vilanova, por su parte, ha valorado que es necesario corregir situaciones de insolvencia en los entes locales, con una mejor gestión de ingresos y gastos ya que sus finanzas no son sostenibles, que estos deben calcular mejor los costes de sus servicios, y que algunos deben abandonar el exceso de endeudamiento que les hace vivir en la "ilusión fiscal".
MEDIDAS INADECUADAS
Pese a este diagnóstico, ha afirmado que los planteamientos del anteproyecto estatal "ignoran la realidad municipal", ya que plantea un sistema de costes homogéneos que no cuantifica los costes de los servicios municipales de forma adecuada, y porque no se refuerzan los servicios de secretaría e intervención en los municipios, algo que ha señalado como muy necesario.
Sobre el traspaso de competencias a entes supramunicipales, Solé Vilanova ha defendido que se tendría que dar en caso de municipios menores de 5.000 habitantes, y no 20.000, y que se deberían traspasar a entes con un tamaño más similar al de las comarcas catalanas que al de las diputaciones.
El presidente de la Diputación, Salvador Esteve, ha valorado que el anteproyecto de reforma local estatal es un fuerte ataque a la autonomía de los entes locales que puede conllevar que las diputaciones asuman la gestión del 95% de los servicios de los entes locales: "Muestra tanta precipitación y falta de realismo como voluntad centralizadora".