El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha convocado esta mañana al embajador de Siria en Madrid, Hussamedin Alaa, para transmitirle su "preocupación" por los presuntos casos de abuso a ciudadanos sirios residentes en España y le ha advertido de que el Gobierno podría adoptar las medidas que considere oportunas si no se pone fin a estas prácticas.
Según ha informado el departamento de Trinidad Jiménez en un comunicado, el embajador sirio ha sido recibido por el director general de Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, Juan González-Barba, quien le ha trasladado "la preocupación del Gobierno español ante las reiteradas denuncias de ciudadanos sirios e hispano-sirios, opositores al actual régimen, sobre supuestas acciones realizadas por miembros de la Embajada en claro abuso de su estatus, recogidas en un reciente informe de Amnistía Internacional".
Asimismo, González-Barba ha expresado al embajador sirio "el rechazo del Gobierno de España a este tipo de actuaciones y le ha instado a poner fin a cualquier actividad por parte de su personal que pueda ser considerada como una violación de los derechos de los manifestantes y en especial de su libertad de reunión y expresión".
Así las cosas, desde Exteriores se ha advertido a Alaa de que "el Gobierno no dudará en adoptar las medidas oportunas ante acciones cometidas en territorio nacional por personal con acreditación diplomática o con estatus oficial, que vulneren el Convenio de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas".
DENUNCIA DE AMNISTÍA
El pasado 3 de octubre, Amnistía Internacional había denunciado el "acoso" y "seguimiento sistemáticos" que han sufrido manifestantes sirios por parte de funcionarios y personas afines al régimen presidido por Bashar al Assad en las protestas celebradas en varios países europeos y en Estados Unidos.
La ONG documentó los casos de más de 30 activistas en ocho países --Canadá, Chile, Francia, Alemania, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos-- que aseguran haber sufrido "intimidación" por parte de funcionarios diplomáticos y de otras personas cuyas familias habrían sufrido "hostigamiento, detención e incluso tortura".
En el caso de España, AI señaló que "el presunto acoso y otros abusos cometidos contra miembros de la comunidad siria" en nuestro país y contra familiares suyos en Siria por participar en las protestas han sido de "tal gravedad" que la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio (AAPS) está preparando acciones legales ante la justicia.
Según testimonios recogidos por dicha asociación, el personal de la Embajada en Madrid ha tomado fotografías y ha grabado en vídeo las protestas frente a la delegación para identificar a los participantes y obstaculizar posteriormente cualquier trámite que esos residentes sirios en España tengan que hacer, "acosarlos e intimidarlos en sus hogares y lugares de trabajo y localizar a sus familiares en Siria para después castigarlos".
"Algunas personas se quejan de que la Embajada de Siria había declinado llevar a cabo unos trámites administrativos necesarios. Varias personas manifestaron que habían sufrido acoso de diversa índole además de insultos y amenazas", indicó la ONG.
Amnistía Internacional explicó que el periodista sirio Mazen Yaghi, promotor de varias manifestaciones vía Internet, le había comunicado que el Centro Cultural Sirio, "al parecer dependiente de la embajada siria", "había distribuido a toda la comunidad siria en España un mensaje difamatorio por correo electrónico en el que se afirmaba que Mazen Yaghi era sospechoso de robo de dinero del Tesoro sirio y se disuadía a los destinatarios de asistir a las protestas que él estaba promoviendo". En dos de los casos presuntamente hubo agresiones durante las protestas como parte del hostigamiento y en otros dos casos resultaron afectados familiares en Siria.