La familia de Joseba Pagazaurtunda, exjefe de la Policía Municipal de Andoain asesinado por ETA, ha remitido una carta a los miembros de la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento vasco en la que afirma que es un "grave error" que se trate de buscar acuerdos con EH Bildu, que "sigue sin repudiar a ETA ni su pasado".
En la misiva, se recuerda que la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo en su exposición de motivos reivindicaba la "memoria en primer lugar de los ausentes, de las personas asesinadas, pero también de las supervivientes, de las heridas, de las secuestradas, las extorsionadas, las amenazadas, de sus familiares y amigos, de su inmenso dolor y sufrimiento en soledad".
La familia Pagazaurtundua defiende la memoria como "lugar de encuentro entre la sociedad y las víctimas del terrorismo" y una memoria conjunta para "construir una sociedad libre e incluyente, para impedir que pueda repetirse el drama de la violencia, para no consentir que pueda terminar como si nada hubiera pasado, y memoria, por fin, para exigir que los terroristas no consigan condicionar el futuro de la sociedad, en la que jamás deberá caber ni la exclusión ni la ausencia de libertades".
En este sentido, creen que la memoria de las víctimas constituye un elemento esencial para "la deslegitimación, ética, social y política del terrorismo".
"Y como parte esencial de la memoria está el significado político de las víctimas del terrorismo, en lógica correspondencia con la motivación política que impulsa a quienes perpetran las acciones terroristas y que se concreta en la defensa de aquello que ETA pretendía y aún pretende eliminar para imponernos su proyecto totalitario y excluyente: la libertad encarnada en el Estado democrático de derecho como garante de nuestros derechos y libertades y en las normas de convivencia integradora", señala.
La familia Pagazaurtundia indica que el significado político de las víctimas "trasciende el hecho mismo de ser víctima" y asegura que "el serlo no es algo buscado" porque "las víctimas no dieron su vida, se la arrebataron".
A su juicio, es ETA la que, con su pretensión de imponer "su proyecto totalitario y excluyente" confiere a las víctimas "su significado político".
Por otra parte, afirma que la significación política de las víctimas del terrorismo exige "el reconocimiento social de su ciudadanía". En su opinión, el mantenimiento de la memoria y del significado político de las víctimas del terrorismo constituye además "una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo".
Por ello, se dirigen a los miembros de la ponencia, como "garantes de que se promuevan unas políticas públicas que busquen atajar los prejuicios que generaron la persecución de nuestras familias, la verdad y la reparación como requisitos para poder construir una sociedad éticamente cimentada".
PREOCUPACIÓN
En este sentido, muestra su preocupación porque la recién creada ponencia de Memoria y Convivencia supone "una rebaja de las condiciones antes formuladas en el llamado 'suelo ético', que supuso que se pusieran de acuerdo las fuerzas democráticas vascas".
Según los familiares de Pagazaurtundia, el "breve" texto con el que se han presentado pone el acento en que "su misión se concentrará en la búsqueda de amplios consensos", de manera que, en su opinión, el objetivo pasaría por llegar a acuerdos "con una organización como Bildu, que sigue sin repudiar a ETA ni su pasado". "Nos parece un grave error", añaden.
Además, también ven "con preocupación" la "tentación de adecuar las narrativas y las políticas públicas de la reciente historia "con el fin de hacerlas aceptables a fuerzas y sectores que protagonizaron sistemáticamente el adoctrinamiento en el odio político".
"La tentación de adecuar las políticas públicas para el olvido también indiferente de quienes se resignaron, y tantas veces consintieron el mal, como espectadores indiferentes o atemorizados. Creemos que sigue siendo necesario reiterar que el principal mal que ha padecido la sociedad vasca ha sido el terrorismo de ETA, y que ninguno otro tipo de vulneraciones puede enmascarar esa realidad", señala.
La familia Pagazaurtundua indica que así lo señalaba hace unos días el lehendakari, Iñigo Urkullu, pero "los hechos no nos parece que acrediten estas palabras".
"Y el disimulo no hará que el gran tabú, que es el problema del odio político antiespañol en Euskadi se afronte. El adoctrinamiento de algunos de los niños en ese mismo odio se sigue produciendo y se recibe como héroes a asesinos o colaboradores en gravísimos delitos ante la pasividad de nuestras instituciones", añade.
Estos hechos, según apunta la familia, "impiden en algunos de nosotros realizar la reparación pendiente y un duelo necesario", porque suponen "una afrenta" y una "banalización de la persecución política que sufrieron tantas personas, de tantas personas a las que se expulsó de sus casas y municipios".
"Resulta extraordinariamente fácil, por lo que vemos, ser tan bondadoso con los crueles y tan indiferente con sus víctimas. Frente a cada uno de estos hechos actuales de banalización del mal que se nos causó no caben posturas contemporizadoras, sino diseñar políticas que acometan y expliquen con claridad las raíces de la exclusión social del 'otro' y, luego, su expulsión o asesinato", agrega.
En este sentido, pregunta a los miembros de la Ponencia si actuarán como los "malos educadores que expulsan a la víctima del acoso escolar de su entorno, mientras despliegan todas los disimulos para que los acosadores se sientan cómodos, tapando el escándalo y causando el perverso efecto de que la violencia es útil". "Es un reto que sigue estando pendiente y que la ponencia no afronta", concluye.