El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado hoy una reforma legislativa para que sea un delito administrativo e incluso de tipo penal ordenar y aprobar inversiones y gastos en la administración pública que después no se contabilicen y que se dejen "facturas ocultas en un cajón".
"Esto no es sólo una responsabilidad política", ha sentenciado Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press, profundizando así en una idea planteada por su partido, el PP, para la próxima legislatura. El acto cuenta con el patrocinio de Banif, Telefónica, Thomson Reuters Aranzadi, FCC y Altadis.
El presidente gallego ha explicado que es necesario "distinguir" entre una inversión "discutible", que puede tener consecuencias políticas, y no contabilizar el gasto. Para quien autorice esta ocultación, sea un presidente, un consejero o un director general, hay que aprobar una legislación que incluya "seguro" responsabilidades administrativas y puede que incluso penales.
"Cabe preguntarse si es lógico que hablemos de administraciones en quiebra, de facturas ocultas en un cajón, de disparar el gasto sin límite y estar a la vez exento de tener que responder por ello", ha apostillado. "Y que se permitan censurar sin rubor las medidas que ahora tienen que tomar los que tiene la responsabilidad de sucederles y arreglar los agravios económicos que se han encontrado", ha agregado.
Núñez Feijóo ha censurado que "la ficción económica" ha sido una "constante" en España durante los gobiernos socialistas, primero para restar importancia a la dimensión de la crisis y después para "desviar la atención" sobre el déficit.
PRIMAR A LOS AYUNTAMIENTOS
En esta línea de afianzar la responsabilidad de los gestores públicos, el presidente gallego ha apostado por distinguir entre las administraciones que cumplen "con sus deberes contables" y las que no lo hacen, "perjudicándose a sí mismas y a la vez contaminando al resto".
Así, ha anunciado que su Gobierno va a aprobar una "batería de medidas" dirigidas a las entidades locales y, en concreto, ha adelanto que prepara un decreto para que los municipios que no rindan cuentas anualmente "como es preceptivo" no reciban ayudas de la Xunta.
A cambio, se buscará primar a las entidades locales que se asocien con otras, que se unan para prestar servicios reduciendo costes, que logren mejorar la calidad "pero de forma más eficiente". "No tiene sentido que se exija lo mismo a quien se esfuerza y cumple, que a los que no", ha insistido.
Alberto Núñez Feijóo ha pedido también una reflexión sobre el mapa local y ha advertido de que su "simplificación" tendrá que abordarse a escala nacional más pronto que tarde.
PRESUPUESTOS DE 2006
El dirigente gallego ha abundado en la idea de que debe tener un precio gastar por encima de las posibilidades, "malgastar", y ha puesto a su propio gobierno como ejemplo de austeridad y de gestión. "Aunque no es meritorio, sólo hemos intentado cumplir con nuestra obligación", ha apuntado.
Así, Feijóo ha defendido que los dos años de gobierno autonómico que llevan les han permitido adelantar medidas que en el país tendrá que afrontar el próximo gobierno, como un plan de austeridad, un plan estratégico 2010-2014 y la estabilidad presupuestaria, con la aprobación de la ley de techo de gasto. Con ello, la Xunta está pagando a sus proveedores, ha asegurado, está reduciendo listas de espera o aumentando las plazas en residencias de ancianos y guarderías.
Con respecto a los presupuestos de 2012, ha anunciado que tendrán unas cifras similares a los de 2006, pero que por primera vez en tres años no registrarán "un descenso abrupto" con respecto al ejercicio anterior, 2011.
PROFESORES EN HUELGA
El dirigente gallego ha defendido también que es posible mantener los servicios públicos pese a que las cuentas públicas están con el cinturón tan apretado y, en concreto, ha subrayado la situación de la educación en Galicia ante los paros que están llevando adelante los profesores.
Así, Núñez Feijóo ha explicado que lo que su gobierno ha impuesto a los docentes de la enseñanza pública es pasar de 21 a 25 horas lectivas, horario establecido en la mayoría de las comunidades y en la mayoría de las gobernadas hasta ahora por el PSOE, ha precisado, como Andalucía, Castilla-La Mancha o Asturias. "¿Homologar el horario de los profesores gallegos al resto de los profesores españoles es un recorte?", ha preguntado.