"Tengo por norma que sobre este asunto una vez que se pronunció la justicia no hago ninguna valoración. Acato la resolución judicial como procede en un estado de derecho", ha señalado el ministro tras asistir a la intervención de la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, en los desayunos de La Razón.
La resolución judicial, que apoyan los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Ramón Sáez (ponente), Javier Martínez-Lázaro y Alfonso Guevara, sostiene que la concesión de la libertad condicional se ampara en el artículo 92.3 del Código Penal, aplicable a "personas de avanzada edad y de enfermos muy graves con padecimientos incurables" que sufran dolencias que supongan "un peligro patente para la vida".
Esta vía excluye los requisitos contemplados en el artículo 90 para "enfermos muy graves con padecimientos incurables", entre los que se encuentran que el recluso cuente con "un pronóstico favorable de reinserción, dificultad para delinquir y escasa peligrosidad", así como que haya abonado su responsabilidad civil, abandonado la actividad terrorista y mantenga una "colaboración activa" con las autoridades.
Los magistrados dan la razón al juez Castro al valorar que todos los informes médicos recabados --incluido el de la forense Carmen Baena, que señaló que el etarra no se encontraba en situación "terminal"-- coinciden en la existencia de "una enfermedad muy grave e incurable, con una evolución de mal pronóstico" y sólo divergen en "el pronóstico de supervivencia", que sitúan en todo caso entre "los siete meses y 29 días y los 11 meses y 3 días". "Los dictámenes son esencialmente concurrentes", aseguran.