El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido este viernes a la Unión Europea perseguir penalmente a los que se adiestran para actividades terroristas, incluso aunque no hayan actuado, con el fin de reforzar los instrumentos para combatir a los denominados "lobos solitarios", como los que perpetraron los recientes atentados de la maratón de Boston o de Londres.
En su intervención en la reunión de ministros del Interior de la UE, Fernández Díaz ha defendido también la creación de un registro europeo de datos de los pasajeros aéreos, que ha sido bloqueado por la Eurocámara, por considerar que sería "un instrumento muy eficaz también para luchar de una manera más adecuada contra ese peligro".
En opinión del ministro del Interior, el fenómeno terrorista "ha evolucionado mucho" desde la última vez que se actualizó la tipificación común del delito de terrorismo en la UE, en 2008, con nuevas amenazas. "La legislación tiene que adaptarse a esa nueva realidad para que los Estados tengamos instrumentos jurídico-legales adecuados para luchar frente a esa amenaza de terrorismo, fundamentalmente de carácter internacional o yihadista y esa manifestación también de los llamados lobos solitarios", ha sostenido.
Para ello es preciso, según Fernández Díaz, que la definición de terrorismo de la UE incluya no sólo a los que adoctrinan acerca de la comisión de delitos, sino también a los receptores pasivos de la formación, "bien sea en centros de culto, bien sea en las prisiones, bien sea a través de la red, bien sea en campos de entrenamiento en el extranjero en zonas de conflicto, Yemen, Somalia, ahora en Siria".
"Resulta difícil de entender que una persona que quede acreditado por las investigaciones correspondientes que está adiestrándose en la comisión de delitos terroristas, no tenga la voluntad en algún momento de cometerlos", ha alegado el ministro del Interior.
Fernández Díaz ha admitido que la regulación jurídica de este nuevo tipo delictivo "es difícil", pero ha insistido en que "tenemos que hacer frente a esa realidad", aunque siempre "partiendo de la base de que Europa es un espacio de libertad y donde los derechos y libertades fundamentales deben quedar en todo momento salvaguardados".
YIHADISTAS EUROPEOS QUE VIAJAN A SIRIA
Durante un desayuno de trabajo, los ministros del Interior de los Veintisiete han compartido los datos que tienen sobre ciudadanos de sus respectivos países que ha ido a combatir a Siria ante la preocupación de que regresen a Europa radicalizados y puedan cometer atentados terroristas.
Fernández Díaz ha asegurado que su departamento tiene datos sobre el caso de España pero no ha querido hacerlos públicos porque "eso pertenece al ámbito de la discreción con la que estas cuestiones tienen que tratarse". La cifra global que maneja Bruselas se sitúa entre 600 y 700 europeos que han ido a Siria.
"Es evidente que hemos de estrechar los niveles de inteligencia y compartir información los países para afrontar de una manera más adecuada una amenaza que todos compartimos", ha dicho el ministro del Interior.
En la reunión han participado también la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, y el coordinador antiterrorista de la UE, Gilles de Kerchove. Además de tipificar como delito las nuevas conductas terroristas y crear el registro de pasajeros aéreos, De Kerchove quiere reforzar la vigilancia en las redes sociales, buscar la cooperación con líderes religiosos y personas con influencia en las comunidades de inmigrantes y reforzar el diálogo con países como Turquía o Estados Unidos.
LIMITAR EL TURISMO DE PRESTACIONES SOCIALES
El ministro del Interior se ha distanciado de la iniciativa de Alemania, Reino Unido, Holanda y Austria para restringir la libre circulación de personas únicamente a trabajadores, estudiantes o emprendedores. Los cuatro países pretenden así frenar el acceso del resto de ciudadanos de otros Estados miembros a sus prestaciones sociales.
Fernández Díaz ha destacado que la libertad de circulación "es algo que pertenece al ADN, al código genético de la UE" y por ello debe mantenerse, aunque ha defendido "luchar contra el fraude y el abuso que ese derecho pueda conllevar". "Ese equilibrio es el que debemos buscar y donde nos situamos nosotros", ha dicho.
"España es un país que en este sentido tiene bastante autoridad moral porque son algo más de medio millón los españoles que residen en otros países comunitarios mientras que multiplicamos por cuatro o cinco la cifra de ciudadanos comunitarios que residen en España", ha destacado el ministro del Interior.