Los 221 parlamentarios que no forman parte de la Diputación Permanente, el único órgano de la Cámara que sigue funcionando a hasta la constitución del nuevo Congreso que surja de las elecciones del 28 de abril tienen derecho a un finiquito, si sus señorías lo solicitan y no tienen ningún otro ingreso por otro trabajo.
Los diputados cobrarían lo mismo que ganarían si siguieran en activo durante los 52 días que hay entre la disolución de Cortes y hasta el día de reflexión. Esta indemnización incluye la denominada retribución constitucional (2.972,94 euros), la indemnización para cubrir gastos de su actividad parlamentaria (917,03 euros para los de Madrid y 1.191,20 para el resto), y también los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso.
El cobro se hace en un solo pago y tributa a Hacienda.
Solo 129 diputados integran la Diputación Permanente. Ellos continuarán siendo diputados hasta que se constituye el nuevo Congreso.
Celebradas las elecciones, los diputados que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
Ese 'paro' será el equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional – es decir, 2.972,94 euros- por cada año de mandato y con un máximo de 24 meses. Esta prestación se abona mes a mes y se pierde si hay un cambio en la situación laboral del exparlamentario.