La Fiscalía Anticorrupción tiene constancia de inyecciones de dinero "cuyo origen y concreto destinó está por determinar" de la sociedad Kradonara, propiedad al 100% de Vivaway LTD de la que es titular el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, a la firma Bagerpleta, que es una sociedad investigada dentro del entramado societario del exministro y con la que se sospecha que blanqueo mediante la inversión de un hotel en Berlín. Estos pagos se añadirían a los conocidos hasta la fecha.
Así consta en el sumario en el que se investigan irregularidades en
el patrimonio del expresidente de Bankia Rodrigo Rato, al que ha tenido
acceso Europa Press.
La documentación obrante en la causa apunta que la sociedad Albisa Inversiones y Asesoramientos transfirió entre el 22 de junio y el 16 de diciembre de 2011 un total de 474.416,64 euros a una cuenta bancaria de Krandonara, que, seguidamente, transfirió hasta 420.000 euros a Bagerpleta, de la que Rato también fue administrador hasta el 22 de abril de 2015.
Asimismo, Albisa traspasó a Krandonara 360.698 euros entre el 16 de
enero y el 14 de agosto de 2012. Otra vez, la receptora realizó una
transferencia a Bagerpleta a la sociedad alemana por importe de 75.000
euros.
DINERO DE TELEFÓNICA
Por otra parte, Durante los años 2013 y 2014, Krandonara recibió
ingresos procedentes de Telefónica de 363.000 euros en cada uno de los
ejercicios. Al margen de la cuestión relativa a si Rato se benefició de
estas cantidades, el informe señala que, tanto el dinero procedente de
Albisa como el de Telefónica, "tienen una presunto origen delictivo".
"Existen indicios de que tales cantidades de ilícito origen se
ocultaron y transformaron a través de la sociedad alemana Bagerpleta, lo
que pone de manifiesto un presunto delito de blanqueo de capitales",
señala la instrucción.
Por último, señala que "además de las cantidades referidas más
arriba, Krandonara ha inyectado más cantidades a Bagerpleta, cuyo origen
y concreto destino está por determinar".
LA CONEXIÓN DE RATO CON ALIHATO Y GUIDE BRIDGE CAPITAL.
Otras de las cuestiones que se abordan en la instrucción es la
conexión de Rodrigo Rato con las sociedades Alihato SL y Guide Bridge
Capital.
En octubre de 2015, la Audiencia Provincial de Madrid avaló la
decisión del juez del caso, Antonio Serrano-Arnal, de
investigar las cuentas de las empresas Alihato SL y Ghide Bridge
Capital, de las que el exvicepresidente del Gobierno intentó
desvincularse y que podrían haber realizado transferencias de divisas a
sus cuentas. También respaldaba que el magistrado recabara información
sobre los ingresos de divisas de las empresas Kradonara y Cor Comunicación.
Serrano-Arnal autorizó, en una providencia dictada el 28 de julio de
2015, "solicitar información a entidades bancarias sobre transferencias
de divisas realizadas por diversas mercantiles a las cuentas titularidad
de Rodrigo Rato".
La defensa del exministro recurrió la decisión del juez alegando
que éste "no tiene relación alguna" con las compañías Alihato y Guide
Bridge. "No ha sido apoderado, ni directamente ni a través de sus
empresas, ni representante legal de tales entidades", indicó el
exdirector gerente del FMI.
No obstante, la Audiencia Provincial ponía en duda esta versión y
apunta que la Oficina de Investigación del Fraude (ONIF) relaciona en su
informe de riesgo inicial a estas dos empresas con el imputado. "De lo
que se trata es de esclarecer ahora hasta qué punto", agregaba.
Al respecto, la instrucción incluye un escrito de la Abogacía del
Estado tras la recepción del recurso interpuesto frente a la providencia
del 28 de julio de 2015 por parte de Rato, en el que se impugna dicho
recurso y se alega que en los casos de Alihato y Guide Bridge Capital,
"parece ser que el Sr.Rato comparte titularidades en cuentas bancarias y
que en dichas cuentas constan en las bases de datos entradas de divisas
superiores a los 50.000 euros".
En este sentido, la Abogacía del Estado ve "lógico" que, además de
las entidades en las que Rato tenga la condición de administrador o
acciones, se investigue "la posibilidad de que existan operaciones con
otras entidades en las que figure como autorizado en cuentas y que
puedan estar controladas por familiares o personas próximas a través de
las cuales se podrían haber recibido ingresos no declarados, ocultado
bienes o blanqueado capitales", según señalan los documentos del sumario.