El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha mostrado su "satisfacción" por el archivo por el Tribunal Supremo de la querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, tal como había pedido la Fiscalía.
Además, ha mostrado este viernes su "respeto" por las peticiones de dimisión contra Dívar, aunque se ha negado a dar su opinión, y ha mostrado su deseo de que exista "la mayor estabilidad posible" en el CGPJ para que "cumpla sus finalidades constitucionales".
En declaraciones a Europa Press en los pasillos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Torres Dulce ha señalado que la posición de la Fiscalía "ha sido fijada de forma determinante" sobre la querella contra Carlos Dívar, al entender el teniente fiscal del Supremo que "no existe ningún indicio que permita incriminarle por ninguno de los delitos previstos en el Código Penal", tras las pruebas practicadas y la documentación recibida por la Sala Segunda del citado órgano.
"Por lo tanto, ni yo ni nadie del Ministerio Fiscal tenemos procesalmente nada más que decir, sino mostrar la satisfacción porque las tesis de la Fiscalía hayan sido acogidas por un órgano tan importante y decisivo como el Tribunal Supremo", ha afirmado.
Según ha manifestado, procesalmente "no va a haber ningún paso más" por parte de la Fiscalía, y ha asegurado que lo que decida el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es algo "les corresponde a ellos de manera autónoma". "La Fiscalía no tiene ninguna opinión al respecto", ha agregado.
PETICIONES DE DIMISIÓN
Preguntado sobre si cree justificadas las peticiones de dimisión contra el presidente del CGPJ, Torres-Dulce ha declarado "no tener opinión" al respecto, si bien ha estimado que "son decisiones, bien de asociaciones policiales, que es su terreno, o bien de los vocales del Consejo General del Poder Judicial".
En este sentido, ha mostrado el "respeto" de la Fiscalía hacia estas peticiones de dimisión, y ha deseado "la mayor estabilidad posible" en el máximo órgano de gobierno de los jueces para "que pueda cumplir con sus finalidades constitucionales".