Según han informado a Europa Press fuentes del caso, la fiscal, que pedía inicialmente dos años de prisión y la multa para el inculpado, ha modificado el tipo penal de cohecho que atribuía en un principio al empresario, a una modalidad que no implica pena de cárcel.
La acusación popular, que ejerce el Ayuntamiento de Otura, sí ha mantenido su petición inicial, de un año y medio de prisión y multa de tres millones de euros al empresario, mientras que la defensa solicita la libre absolución.
Así, ya ha concluido la declaración de testigos y el jurado que enjuicia el caso desde este lunes recibirá este jueves el objeto del veredicto, tras lo que se reunirá a deliberar sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, una decisión que el tribunal popular podría alcanzar a lo largo de la tarde o ya el viernes, según las fuentes consultadas.
Según la acusación de la Fiscalía de Granada, los hechos se remontan al pasado 25 de septiembre de 2007, después de que se celebrara en el Ayuntamiento de Otura una reunión en la que participó el procesado, el consejero delegado de la empresa Alcuba y su asesor jurídico, el alcalde, y el entonces edil de Urbanismo, Ignacio Pérez. El encuentro tenía la finalidad de solventar los problemas existentes en la construcción de varias viviendas en Otura, aunque no se llegó a alcanzar ningún acuerdo.
Terminada la reunión, según el fiscal, y una vez que los representantes de la otra empresa se habían marchado, el procesado les ofreció la suma de tres millones de euros al alcalde y al concejal a cambio de que no concedieran a la otra entidad las licencias de primera ocupación de las 46 casas que quedaban pendientes y no recepcionaran la urbanización en la que se encuentran.
Los hechos fueron denunciados en febrero de 2008 por el propio alcalde de Otura, que en su día hizo constar en la denuncia que, de no conceder esas licencias, el empresario hubiera ejecutado un aval de tres millones de euros que vencía el 8 de enero de 2008, y además podría haberse quedado con las viviendas.
De hecho, según su contrato con la promotora, ambas cosas pasarían a manos del propietario del terreno, es decir José Puertas, en caso de que no se hubieran cumplido los plazos de entrega de las viviendas y de su recepción por parte del Ayuntamiento.
Según señalaba Fernández-Sanz en la denuncia, él le recriminó al inculpado su actitud, diciéndole que no se atreviera a hacerle esa oferta puesto que él se iba a limitar a cumplir con la legalidad, a lo que Puertas insistió, siendo el regidor quien dio por finalizada la conversación.
La defensa del empresario sostiene que todo es producto de un "enconamiento absoluto" entre el alcalde y Puertas Laguna, y afirma que la beneficiada ha sido en cualquier caso la empresa Alcuba, que aún no ha ejecutado el aval previsto, ni ha pagado indemnización alguna al acusado.