El Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao ha dejado visto para sentencia este viernes el juicio oral que se ha desarrollado esta semana por una presunta red de dopaje en el club de remo en 2010. Fiscalía y acusación particular, que ejerce José Luis Korta, acusan a los imputados de ser coautores de un delito continuado contra la salud pública.
Fiscalía y acusación particular han decidido mantener su petición inicial de dos años y medio de prisión para el exentrenador del club de remo, Juan Manuel Francisco, el entonces presidente, Josu Zabalondo, y la enfermera A.O., así como el médico extremeño Marcos Mainar.
Además, han reducido la petición para el exfacultativo del club B.G., al que también se acusa de falsificación de documento privado, a un año de prisión y medio de prisión, sustituida por una pena de multa con una cuota diaria cuatro euros, así como inhabilitación para el ejercicio de la medicina deportiva.
También ha visto reducida la petición T.M., esposa del exclicista Antonio Arenas, que admitió durante el proceso haber enviado tres cajas de EPO y Aranesp al club de remo, a seis meses de prisión, que será sustituida por una pena de multa con una cuota diaria de dos euros, y una pena de seis meses de multa con una cuota diaria de dos euros.
Fiscalía y acusación han decidido retirar las acusaciones contra el resto de los acusados, el propio Arenas, la esposa del entrenador y dos farmacéuticas por considerar que no existen "pruebas suficientes", por lo que han quedado absueltos.
El juicio se inició el pasado lunes con estas diez personas acusadas, al considerar fiscalía y acusación que se había facilitado, adquirido, administrado y suministrado a los remeros de Urdabai sustancias destinadas a aumentar sus capacidades físicas en la temporada 2009-2010, poniendo en riesgo su salud.
Entre las sustancias, citaban la insulina, dexametasona, eritropoyetina (EPO), darbepoetina alfa, efredina, hormona luteinizante, hidrocortisona fosfato sódico, nandrolona-decanoato, piracepam y tetracos actida, así como albúmina humana, que posee carácter de agente enmascarante.
El juicio se ha desarrollado en cinco sesiones hasta este viernes, con la declaración del último perito y las conclusiones de acusaciones y defensores. El único de los acusados que ha decidido intervenir en esta última jornada ha sido Marcos Mainar, que ha lamentado que ha sido tratado como "un delincuente" y ha defendido que es "una persona honrada en lo personal y lo laboral".
"ARSENAL" DE PRODUCTOS
En sus conclusiones, la Fiscalía ha considerado que, a lo largo del proceso, se ha acreditado el uso de "sustancias y métodos prohibidos" en el club de remo vizcaíno, en el que ha cuestionado por qué "nadie quiso decir nada desde el principio" si "no había hecho nada reprochable".
La fiscal ha censurado que sus responsables presentan una "ignorancia deliberada" y ha destacado que el club no llevaba un libro de registro para los remeros, lo que supone "un indicio grave de que no importaba nada la salud pública", y se contrataba médicos "como tapadera" mientras Mainar "estaba en su sitio, dirigiendo la operación sin mojarse". Al respecto, ha recordado que existen 180 llamadas entre el facultativo extremeño y el entonces entrenador de Urdaibai.
En este sentido, ha recordado que el exremero que ha declarado como testigo protegido en este juicio reconoció "los pinchazos" por parte de José Manuel Francisco y de Marcos Mainar y ha añadido que el resto de remeros, que han prestado testimonio en sentido contrario, "consienten porque les va en ello la necesidad de trabajar y la ilusión de ganar".
La Fiscalía ha afirmado que "el tipo penal es muy amplio" porque recoge "proporcionar, dispensar, suministrar, ofrecer, facilitar de cualquier modo las sustancias a los deportistas", por lo que no hace falta "el contacto personal con la sustancia".
"Tenemos unos productos dopantes, unos indicios importantes de que han sido suministradas. ¿Para qué quiere el club todas esas sustancias?", ha señalado la fiscal, que ha destacado que "todos los peritos" han alertado del "peligro concreto" que suponen.
En este sentido, ha insistido en que los poderes públicos tienen la obligación de garantizar la salud pública de los ciudadanos y ha añadido que, en este caso, ha existido "un riesgo potencial de daño a la salud pública" y también "real" porque el testigo protegido aseguró que "se sintió muy mal en dos ocasiones". "Una vida humana ya es suficiente para que estemos en este juicio", ha concluido.
Por su parte, el abogado de la acusación particular ha destacado que "no tiene sentido tener ese arsenal" de medicamentos en el club si no se "van a utilizar" y ha resaltado la "llamativa sofisticación" en las comunicaciones entre varios de los acusados, con métodos como la utilización de "una cuenta secreta" de correo electrónico en modo borrador para que "no sean rastreados" los mensajes por parte de la policía.
También ha valorado el testimonios del remero protegido, frente al del resto de sus antiguos compañeros, que "han sido totalmente contradictorios". Además, ha recordado que estos deportistas se enfrentan a que una sanción penal podría acarrear suspensión en su práctica deportiva.
LA ABSOLUCIÓN
Por su parte, los representantes de los acusados han pedido la absolución de sus defendidos. La letrada de la enfermera A.O. ha destacado que es "dudoso" que el club haya comprado algunos de los productos y ha advertido de que el envío de EPO fue negado por T.M. en un proceso judicial seguido en Córdoba. Además, ha señalado que T.M. tiene "claro interés en reconocer los hechos" para que se retiren las acusaciones contra su marido.
En relación a su cliente, ha señalado que, como ATS, "no le corresponde decidir si un medicamento es adecuado o no para la salud", ni se ha probado su participación "en ese complot que se pretende poner de manifiesto". En cualquier caso, ha pedido que, en caso de que no sea absuelta, la inhabilitación que solicita la acusación se limite a la medicina deportiva.
El abogado de Marcos Mainar ha insistido en que no se ha acreditado que el médico suministrara productos dopantes y ha censurado, de cualquier forma, que la pena solicitada sea "la máxima" contemplada por la legislación ya que, según ha indicado, no se ha hecho "ni una sola mención" a por qué se considera que se ha producido "un delito continuado".
El abogado de Francisco y Zabalondo ha criticado que el remero protegido ha estado ofreciendo, pese a esta condición, "conferencias y ruedas de prensa" y su testimonio ha ido "in crescendo" a lo largo del tiempo, de manera que en su primera declaración solo "eran un par de días un par de pinchazos". Asimismo, ha destacado que todos los remeros que han testificado "estaban sanos", así como el hecho de que ninguno de los controles de la temporada dieran positivo.
De sus clientes, ha señalado que no se ha acreditado las acusaciones a Francisco y "Zabalondo no está en las reuniones ni en las conversaciones" detectadas por la policía y, además, "pagaba todo con facturas".
El letrado de T.M. y de su marido ha apuntado, por su parte, que se ha acusado a sus defendidos de los mismos hechos, el envío de diversos paquetes a varios puntos del Estado en "una red de distribución", por los que ya han sido juzgados y absueltos por el juzgado de Córdoba.
La abogada del médico B.G. ha precisado que su representado ha reconocido únicamente haber inyectado bicarbonato y calcio, así como haber recetado determinados productos.