Así ha dado respuesta a la petición de la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Fundamentales de clausurar de forma "urgente" la web, cuestión sobre la que el juez del juzgado contencioso administrativo número 13 de Barcelona ya se pronunció en el mismo sentido.
De hecho, en mayo acordó tramitar la demanda de forma ordinaria y dio un plazo de diez días a la Consejería de Interior y a la Fiscalía para que emitieran su opinión respecto a esta medida cautelar, lo que ésta decidió el 22 de mayo, dos días antes de que Interior anunciara la clausura de la página.
En el escrito, la Fiscalía sostiene que es la asociación demandante quien debe "probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión", sin que ello se pueda hacer de forma genérica.
Este posicionamiento llega después de que los Mossos d'Esquadra decidieran cerrar la web antivándalos porque el mes de mayo transcurrió sin incidentes y no tienen más personas para identificar porque había caído la colaboración ciudadana, y "para no estigmatizar".