La Fiscalía se ha pronunciado así en un informe remitido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, después de que el tribunal suspendiera la pasada semana la celebración del 'macrojuicio' por esta circunstancia y diera tres días a las partes para que respondieran si la vista debía aplazarse o celebrarse para el resto de imputados.
La abogada de Nuria Alzugaray, Egoitz Apaolaza, Aitor Aranzabal, Íñigo Balda, Asier Imaz y Eusebio Lasa renunció a ejercer su defensa en este procedimiento y alegó que su arresto durante dos días por la operación contra el entramado de abogados de la organización terrorista "ha afectado a su hija" y le impide "compatibilizar" la atención a la niña con la vista oral.
A este respecto, la Fiscalía ha advertido a la defensora de presos de ETA que su "presunta vinculación con actividades" relacionadas con la banda "produce una situación de riesgo" para su hija de dos años y medio.
En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, cuestiona la postura de Ziluaga e indica que la "pretendida afectación de la niña" por su detención "no está demostrada" ya que no hay dictamen médico que la acredite. "No resulta verosímil que una menor de dos años haya tenido conocimiento del hecho de la detención por medios distintos a los de sus progenitores", dice el fiscal.
"Lo que produce una situación de riesgo para la menor no sería, por tanto, la acción judicial o de la Guardia Civil, sino que de acreditarse los hechos indiciariamente apreciados sería la presunta vinculación de la abogada con actividades vinculadas a organización terrorista", dice, en concreto, el escrito.
"Que la letrada se tenía que enfrentar a un juicio de varios meses de duración y que tiene una hija menor de edad ya era un hecho cierto y conocido cuando aceptó la defensa y debía de tenerlo suficientemente previsto", añade.
SIN FONDOS PARA EL JUICIO
La Fiscalía también se refiere a una segunda alegación expuesta por la abogada, que aseguró que "sus cuentas bancarias han sido bloqueadas en el procedimiento penal en el que ha sido detenida" y no puede hacer frente a los gastos de la defensa.
En este caso, el fiscal apostilla que esta carencia de dinero "puede remediarse" si sus clientes aportan la documentación de las provisiones de fondos que hayan hecho para afrontar el juicio y que, mediante la petición oportuna, serán restituidos si no tienen relación con el delito investigado, integración en organización terrorista.
El juicio contra Batasuna, ANV y PCTV fue aplazado por esta renuncia y, previamente, fue también suspendido por la detención en la operación 'Mate' de las abogadas de 19 de los acusados, Amaia Izko, Eukene Jauregi y Haizea Ziluaga por delitos de pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y defraudación del IVA.
La Fiscalía acusa a los 35 procesados de un delito de integración en organización terrorista. El fiscal Vicente González Mota sostiene que se encargaron de contribuir a la estrategia de ETA para lograr que ésta pudiera mantenerse en las instituciones, tras la ilegalización de Batasuna, a través de los diferentes procesos electorales celebrados entre 2005 y 2009.