La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elaborado un plan de acción con el objetivo de mejorar la coordinación durante la fase policial de las investigaciones, especialmente en materia antiterrorista, para que cuando lleguen a su fase procesal estén bien documentadas y se eviten duplicidades y errores.
El plan ha sido desvelado este viernes por la portavoz de la Fiscalía, Dolores Delgado, quien ha explicado que ya ha obtenido el visto bueno del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y ha sido entregado a los mandos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías autonómicas.
Así lo ha indicado después de que el diario 'El Mundo' haya publicado que la Guardia Civil llevaba 10 meses investigando a los tres yihadistas detenidos el pasado miércoles por la Policía, fallando así los protocolos de coordinación entre ambos cuerpos.
Esto ha dado lugar a que en la Audiencia Nacional haya dos procedimientos abiertos, uno en el Juzgado número 2 que dirige el juez Ismael Moreno -el encargado de la investigación que comenzó hace meses la Guardia Civil-- y otro en el número 5 que dirige José de la Mata -a quien la Policía pidió hace dos semanas autorización para la intervención de un teléfono móvil--.
De este modo, los fiscales encargados de ambas actuaciones se han puesto ya manos a la obra para clarificar los dos procedimientos abiertos y tratar de unificarlos, si es posible.
CÓMO SABER QUE HAY DOS INVESTIGACIONES
Para Delgado, cuando una operación es judicializada ya tiene que venir perfectamente coordinada y delimitada de la fase policial, para lo que es necesario que los distintos cuerpos de seguridad se pongan de acuerdo en sus actuaciones.
De lo contrario, pueden darse disfunciones como la que hay ahora, ya que un juez o un fiscal de guardia al que la Policía o la Guardia Civil comunica una operación no tiene por qué saber que ya hay otro Juzgado detrás del mismo sospechoso.
Este es el motivo por el que, según la portavoz, el nuevo fiscal jefe, Jesús Alonso, ha querido confeccionar el mencionado plan de acción, que incluye una serie de medidas y directrices muy concretas para tratar de impedir que en el futuro se produzcan disfunciones de este tipo en la fase policial que puedan afectar a la procesal.