El fiscal del proceso de la 'Operación Cormorán', Augusto Santaló, ha subrayado que ha "amarrado" un acuerdo de conformidad con 22 de los 36 procesados por blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico.
De este modo, la Fiscalía apura los preparativos para el inicio este martes del macrojuicio por un operativo policial que hace siete años se zanjó con el procesamiento de 36 personas acusadas de blanqueo de bienes procedentes del narcotráfico.
Éste es el juicio más concurrido celebrado en Pontevedra, ya que obliga a disponer de una amplia sala de vistas en la Diputación provincial que no tiene el Palacio de Justicia.
Así, la primera sesión tendrá lugar en el salón de plenos de la Diputación de Pontevedra, pero los restantes días, según ha indicado el fiscal, ya no habrá problemas de aforo y se podrá seguir el juicio en la Audiencia Provincial.
La base que sustenta la conformidad es un castigo menor para los acusados que se declaran culpables, aunque tienen que darse una serie de circunstancias que recoge el Código Penal, y una de ellas puede ser la dilación como en este caso que viene de 2004, según ha explicado el fiscal.
LEGALIDAD
"Son aspectos que socialmente pueden ser más o menos comprendidos, pero se ciñen a la más estricta legalidad", según ha insistido el fiscal jefe de la Audiencia pontevedresa, Juan Carlos Aladro.
"Yo entiendo que la sociedad no entienda ciertas resoluciones y ciertas formas de actuar", ha manifestado el fiscal jefe, que ha incidido en "que lo que no se hace es salirse de la ley".
"Si no se conoce el funcionamiento del sistema jurídico esto puede ser difícil de comprender, pero que la sociedad sepa que sus fiscales trabajan dentro del ordenamiento jurídico y no se salen de él jamás", ha añadido Aladro.
PENAS
Desde el 21 de junio, y durante seis días repartidos en tres semanas, la Sección Segunda de la Audiencia juzgará a 36 personas para las que se pide una condena de 182 años de cárcel y 144 millones de euros en multas.
De esos 36 imputados, dos están huidos de la Justicia, son los supuestos líderes de la trama, el abogado pontevedrés Franco Argibay, declarado en rebeldía en 2006; y el narcotraficante arousano Manuel Pouso Rivas 'Pelopincho', contra el que se dictó una orden de búsqueda y captura hace apenas un mes.
Tampoco se sentará en el banquillo la madre de 'Pelopincho', supuesta testaferro de su hijo, que falleció durante la dilatada instrucción de esta causa.