La denuncia presentada ayer por el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía de la Comunidad Autónoma de Madrid, Ángel Garrido, se trasladó a la Fiscalía General del Estado con el informe elaborado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de esta empresa pública durante los ejercicios 2005-2015.
En el citado informe se ponen de manifiesto "diversas irregularidades, entre las que destacan las relativas a adjudicaciones de contratos al margen de los criterios establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público".
También se expone el abono de unos 90 millones de euros por la urbanización y construcciones de edificios, de los cuales "sólo hay uno concluido que, no obstante, no puede ser utilizado, así como diversas irregularidades contables y en materia de contratación de personal".
Para la Fiscalía General del Estado, estos hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y/o malversación de caudales públicos.
La Fiscalía General del Estado ha remitido la denuncia a la Fiscalía Especial Anticorrupción, a fin de que inicie "una investigación penal sobre estos hechos".