El Ministerio Público ha remitido un oficio a la empresa Unipost S.A para que le envíe la hoja de encargo, contrato y los documentos que obren en su poder relacionados con la distribución o el buzoneo de la propaganda del proceso participativo.
Además de pedir el presupuesto, la factura pro forma o definitiva, quiere saber qué persona o entidad ha suministrado a la compañía el listado de destinatarios o el mecanismo por el que se obtuvo dicho listado.
Así lo ha solicitado después de haber abierto, a instancias de la Fiscalía General del Estado, diligencias de investigación por si la cesión de locales municipales, centros educativos u otras instalaciones bajo la dependencia de la Generalitat de Cataluña es constitutiva de un ilícito penal después de que el Tribunal Constitucional haya suspendido la votación de mañana.
Esta actuación será valorada ahora por la Justicia que podría ordenar intervenir a los Mossos d'Esquadra para precintar los locales públicos y que no se utilicen para la votación.
El Ministerio Público ha adoptado esta medida después de conocer varias denuncias de particulares en juzgados de guardia de Cataluña que advertían sobre supuestos preparativos que se estarían llevando a cabo en esos locales y ante la posibilidad de que constituyan actos contrarios a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional.