Según han confirmado el propio fiscal jefe a Europa Press, el fiscal decano de Medio Ambiente ha sido relevado del caso a petición del mismo Estirado, quien lo habría solicitado ante la Junta de Fiscales si se producía la ratificación de las instrucciones de su superior, ya que no se veía "capaz" de continuar en la instrucción y calificación de la causa en unos términos "contrarios a su parecer jurídico".
Como ha adelantado la Cadena Ser, Estirado proponía incluir al citado director general en una investigación penal del Juzgado de Colmenar Viejo, que está investigando al alcalde y al resto del equipo de Gobierno de Hoyo de Manzanares por la presunta comisión de un delito de prevaricación urbanística en relación a una actuación urbanística para la construcción de 118 viviendas libres alrededor de la Universidad Antonio de Nebrija.
Polo, sin embargo, ha explicado que decidió no dirigir la imputación contra Gálligo amparándose en dos informes de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado favorables a tal decisión, y también en el apoyo de 24 fiscales decanos, de un total de 27 que forman la Junta, que se posicionaron en contra de las tesis de Estirado.
Además, en la Junta Ordinaria de Fiscales, nuevamente 14 de los 18 intervinientes se posicionaron a favor de los argumentos jurídicos esgrimidos por el fiscal jefe y la Fiscalía General, y tan sólo tres refrendaron los argumentos del fiscal decano de Medio Ambiente, ha destacado.
Por su parte, Estirado asegura que la decisión de Polo de no investigar a Gálligo puede "contener instrucciones contrarias a la legalidad", lo que es "de todo punto rechazable", según la resolución que zanja la imputación.
"Puede cuestionarse y así se hace, la procedencia de aquellas instrucciones, pero desde luego no contienen mandato ilegal. Tan respetuoso con el principio de legalidad es mantener la opinión jurídica de este fiscal jefe, avalada por dos dictámenes emitidos por el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, como la postura contraria", detalla la resolución.
IMPUTACIÓN ALTO CARGO DEL MINISTERIO
De esta manera, se zanja "por el momento" la continuación del proceso penal contra este alto cargo del Ministerio de Justicia, ya que "carece de fundamento y no responde a un mínimo criterio de razonable prosperabilidad de la acción penal". "No se considera procedente ya que no se aprecian indicios delictivos en la Resolución de la Dirección General de Registros y Notariado ni en quien la dicta", indica.
La resolución señala que "no hay base suficiente" para investigar a Gálligo porque interviene "con posterioridad" en los hechos, y por "no constar indicios de estar interesado en el proyecto urbanístico".
Sostiene, además, que puede resultar "prematuro" presentar una denuncia o querella contra el alto cargo "sin indagar mínimamente" en cómo se gestó la decisión de la Dirección General de Registros y Notariados. "Dado el volumen de resoluciones que emite puede que la imputación concreta al Director General sea algo osada", recoge la resolución.