Se trata del empresario Massimo Filippa, condenado por un delito de cohecho activo a un año de prisión y multa de un millón de euros, y por un delito de blanqueo de capitales a dos años y medio de prisión, con una multa de dos millones de euros. La representación de éste pidió que su cliente cumpliera la pena en dicho país.
El fiscal señala en su informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que no se opone a que se autorice la transmisión a Italia de la ejecución de las penas privativas de libertad y se apunta que mientras eso se tramita se debe suspender la orden de ingreso en prisión dictada por la Sala para los condenados con más de dos años de cárcel.
Asimismo, se indica que, aparte de autorizar el cumplimiento de la pena de prisión en Italia y transmitir la ejecución a favor de las autoridades italianas, se debe averiguar la solvencia de Filippa en España, procediendo al embargo de los bienes para asegurar el pago de las multas impuestas.
Con el resultado de esta investigación económico-patrimonial en España, el ministerio fiscal insta a que, si los bienes localizados no fuesen suficientes, se proceda a realizar la transmisión de la resolución de la condena relativa a las multas a las autoridades italianas.
El empresario Massimo Filippa, según la sentencia, transmitió al principal acusado Juan Antonio Roca dos apartamentos libres de cargas y sin contraprestación económica alguna por parte de éste, ante la demora por parte del Ayuntamiento en otorgarle licencias de primera ocupación y en subsanar determinados condicionantes.