El fiscal ha pedido a la juez este lunes que mantenga la medida cautelar de suspender la cesión del padrón del Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona) a la Generalitat para la consulta soberanista del 9 de noviembre, hasta que haya una resolución definitiva sobre este caso.
En la vista, convocada por la titular del Juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Barcelona para que las partes expusiesen su postura sobre si mantener o levantar esta medida, la Fiscalía ha pedido mantenerla alegando que se puede vulnerar el derecho al honor, intimidad y derecho a la imagen del demandante.
En términos parecidos se ha expresado la abogada del demandante, Alejandro Rusiñol, que justifica que se debe mantener la suspensión al considerar que la cesión de sus datos del padrón sin su consentimiento vulnera la intimidad del afectado y también "el interés general".
Sin embargo, el letrado del Ayuntamiento y el de la Autoridad Catalana de Datos han coincidido en defender el levantamiento de la medida, alegando que no ven elementos de urgencia para mantenerla, y que serían imprescindibles para seguir prohibiéndolo provisionalmente.
El abogado del Ayuntamiento ha valorado que el demandante "lo único que busca es una notoriedad política" con esta denuncia; además, ha recordado que la Generalitat aún no ha pedido estos datos y que el pleno aprobó ceder el padrón como un futurible y siempre que sea para una consulta legal, por lo que tampoco hay urgencia para mantener la medida.
El letrado de la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha avalado la actuación del Ayuntamiento, que "ha actuado de forma diligente", ya que pidió a la propia Autoridad un informe sobre esta futura cesión.
Para él, levantar la medida no afecta al honor ni a la intimidad del demandante, y ha añadido que la cesión de los datos "es una cuestión futura", ya que de momento no se ha convocado ninguna consulta.
ACCESO A LOS DATOS
Ha recordado además que la Generalitat puede disponer de estos datos de los vecinos a través de otros mecanismos, ya que determinadas leyes ya obligan a los ayuntamientos a cederlos cada cierto tiempo.
La juez, que no ha permitido a los medios de comunicación fotografiar ni grabar ningún momento de la vista, decidirá en los próximos días si mantiene o levanta esta medida cautelar, que en ningún caso es definitiva.