La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado, con competencia legislativa plena, este proyecto del ley del juego, tras el debate de más de 300 enmiendas parciales. Solo el PP se ha abstenido y ha votado en contra de la creación de la Comisión Nacional del Juego. Ahora el texto pasa al Senado.
Son las empresas del sector las que las que mantienen diferencias entre ellas. Las operadoras de juego tradicional tienen muy restringida la publicidad y los nuevos operadores, aquellos que funcionan a través de las nuevas tecnologías, invierten cada año -según las empresas convencionales- decenas de millones de euros en patrocinio y publicidad, sobre todo en equipos de fútbol de primera división como el Real Madrid, Valencia, Barcelona o Sevilla.
Precisamente con el nuevo texto, se establece un periodo transitorio para que las empresas puedan regular su situación y sus actividades de patrocinio y de publicidad en los medios de comunicación.
Además, se obliga a las empresas on line a usar un dominio español (.es) para reforzar así la supervisión y el control de las autoridades españolas. Y por primera vez se permitirá que los clubes de fútbol de España puedan cobrar dinero por las apuestas deportivas.
La Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI), que integran entre otros Betfair o 888.con, sostiene que el juego on line generó en 2010 315 millones de euros de beneficios (un 20% más que el año anterior). Además, estas nuevas empresas del sector suelen operar desde paraísos fiscales por lo que no generan ni puestos de trabajo ni pagan tasas a Hacienda.
Las operadoras tradicionales tienen un volumen de negocio de 30.000 millones de euros anuales, crean 100.000 empleos y pagan 1.7000 millones en concepto de tasas de juego.
El objetivo de la norma es reforzar la seguridad jurídica de los operadores y de los consumidores de los diferentes juegos, además de para proteger a los menores de edad, a las personas que están incapacitadas legalmente para jugar, y a las que han pedido voluntariamente que no se les deje acceder al juego (unas 40.000 en España), para prevenir situaciones de ludopatía.
El nuevo marco regulador reserva en exclusiva el juego de loterías de ámbito estatal a Loterías y Apuestas del Estado -que se ha transformado en Sociedad Estatal y que se va a privatizar en un 30%- y a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)
Entre las novedades de la ley destaca la creación del Consejo de Políticas del Juego, un órgano en el que estarán representadas las comunidades autónomas.
Además, la Comisión Nacional del Juego será el organismo que autorice, supervise y controle esta actividad y será el responsable final de imponer las sanciones, que pueden llegar a ser de hasta 50 millones para las "muy graves", entre las que figura la de ofrecer juegos sin tener licencia.
La Ley establece además un nuevo impuesto, que se distribuirá íntegramente entre las comunidades autónomas, excepto el gravamen sobre las apuestas mutuas deportivas o hípicas estatales, que corresponderá al Estado. EBP