Ruiz Gallardón y Cremades se desplazaron a primeros de esta semana a Caracas con la intención de asistir a una audiencia de apelación prevista para el lunes para el caso de López que finalmente no se llevó a cabo. Una nueva vista ha sido programada para el próximo 7 de julio.
Las autoridades venezolanas no permitieron a los dos abogados españoles entrevistarse con su cliente y, aunque tampoco tienen garantías de poder hacerlo el mes próximo, lo volverán a intentar.
En caso de que en esa vista se le ofrezca a López la opción de cambiar la cárcel por un arresto domiciliario, sus abogados le recomendarán aceptarlo, si bien han querido dejar claro que seguirán dando la batalla jurídica hasta que López consiga la libertad incondicial y se le restituyan sus derechos fundamentales, incluido la opción de presentarse a una elecciones.
Gallardón y Cremades han denunciado este viernes, acompañados del padre de Leopoldo López, la violación "sistemática" del Estado de Derecho en Venezuela. El exministro de Justicia ha reconocido no obstante que, debido a la ausencia de poderes en Venezuela, la libertad de López está en manos de una decisión "política", si bien ha insistido en que su función como abogado es luchar porque se cumpla el Estado de Derecho.
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