La secretaria de Relaciones con la Administración de Justicia de la Generalitat de Cataluña, María José Feliu, ha defendido hoy que las autonomías cuenten con la competencia sobre todos los funcionarios de Justicia y sobre los secretarios judiciales, porque el reparto que existe entre las comunidades y el Ministerio crea "lagunas inmensas" y una situación de "desgobierno absoluto".
Así lo ha reclamado Feliu durante su intervención en el II Foro de las Autonomías, que se celebra en el Senado organizado por el Instituto de Derecho Público y la Fundación Jiménez Abad.
La dirigente catalana ha pedido diversas reformas, como la de la demarcación en planta judicial, la de la legislación procesal y la reforma de la oficina judicial, esta última del todo imprescindible, ha dicho, porque las actuales oficinas están "absolutamente obsoletas".
Al respecto, Feliu ha rechazado que las autonomías y el Ministerio de Justicia sigan compartiendo competencias en materia de funcionarios, de manera que unos empleados públicos respondan ante el Gobierno central y otros, ante el autonómico. A ello se suma, ha dicho, que los secretarios judiciales dependen también de Justicia y que los jueces, del Poder Judicial.
En su opinión, esta "reunión de administraciones" es perjudicial para el sistema y dificulta la labor de organización de los juzgados y tribunales. Feliu ha concluido que estas reformas de la organización del modelo judicial son a su juicio más necesarias que la regulación del Consejo General y el estatuto de los jueces.
En una línea parecida se ha manifestado el viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Pedro Herrera, quien ha pedido también el traspaso de la competencia sobre todos los funcionarios y sobre los secretarios judiciales.
Entre otras cosas, ha argumentado, porque en comunidades como la suya con una alta interinidad los gobiernos autonómicos no pueden sacar oposiciones para asentar la plantilla, un asunto que depende del Ministerio de Justicia. María José Feliu le ha dado la razón sobre este último asunto y ha apuntado que en Cataluña la interinidad supera el 40 por ciento sin que la Generalitat pueda "tomar ninguna medida".
AGENCIA ESPAÑOLA DE LA JUSTICIA
En el mismo foro ha intervenido también el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, quien se ha mostrado crítico con las reformas que está abordando el ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, cuyos objetivos ha asegurado que no logró "descifrar en 2012". "Y desde abril de 2013 creo que estamos sumidos en la oscuridad", ha dicho.
Ibarra ha expresado su preocupación por la situación de la administración de Justicia y ha pedido cambios. Ha asegurado en su exposición que el Consejo General del Poder Judicial "lleva camino de jibarizarse" y que debería por tanto dedicarse en exclusiva a asuntos relativos al gobierno del Poder Judicial.
Para todo lo relativo a la administración, ha apostado por crear algo parecido a una agencia española, una sociedad pública en la que puedan participar los competentes en materia de Justicia así como todas las asociaciones profesionales y que cuente con "órganos de gestión y de control" en manos de "gestores".
Ibarra ha asegurado que no existe ningún órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y que el que existe, que es la Conferencia Sectorial de Justicia, no cuenta con la participación del Consejo General, cuyo presidente debería en su opinión encabezar esa Conferencia junto al ministro.