El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha exigido "una actuación judicial lo más rápida y clara posible", así como conocer de qué se acusa a los 16 detenidos en la operación 'Mate' desarrollada por la Guardia Civil. Además, ha considerado que el supuesto fraude fiscal que se imputa a los detenidos "justificaría aún más" que se hubiese contado con la Ertzaintza para este dispositivo.
Errkoreka ha hecho estas manifestaciones después de que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se haya mostrado sorprendido por la reacción "tan beligerante" del Gobierno vasco a la operación contra abogados de presos de ETA y tesoreros de Herrira.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del gabinete de Iñigo Urkullu ha afirmado que no conoce "el tenor" de las declaraciones del ministro. Erkoreka ha asegurado "desconocer" si el ministro se refería a la denuncia de "falta de colaboración o a la falta de comunicación, o al hecho de que el Gobierno central haya actuado a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin haber transmitido al Gobierno vasco cuáles son los motivos que están en la base" del operativo.
"En cualquier caso, habría que insistir en un dato más y es que, según acumulamos información, siempre procedente de los medios de comunicación --porque la información que viene directamente del Ministerio de Interior está siendo nula hasta la fecha, en éste y en otro ámbitos--, descubrimos que, entre las imputaciones que parece que justificaron la operación, había algunas relativas a delitos económicos", ha añadido.
De esta forma, ha señalado que desconoce "hasta qué punto" eso justifica que la Ertzaintza "no tuviera pleno conocimiento de las mismas". "Estamos hablando de fraudes tributarios, a fraudes a la Seguridad Social, de blanqueo de dinero, de delitos de contenido económico que, desde luego, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para nada pueden reservar para ellos la investigación", ha apuntado.
A su juicio, el hecho de que no se esté hablando sólo de acusaciones "vinculadas solo al ámbito terrorista", sino también de imputaciones de delitos de carácter económico, "justifica, incluso más, que el Gobierno vasco exigiera información y estar al tanto de los pormenores de la operación, de sus causas, de sus fundamentos y de las razones jurídicas que le daban sustento".
El también consejero de Justicia ha explicado que el Ejecutivo autonómico no reclama "exclusividad" para la Ertzaintza a la hora de investigar determinados delitos, sino tan sólo que se cuente con ella y que se le informe cuando se desarrollan operaciones que, en este caso, afectan a una competencia de como la recaudación fiscal, que --a través de las diputaciones forales-- es competencia de las instituciones vascas.
"SITUACIÓN ANÓMALA"
Josu Erkoreka ha llamado la atención sobre "la situación anómala generada ayer" por la detención de doce abogados, además de otras cuatro personas, "que estaban algunos de ellos a punto de iniciar procedimientos judiciales y de ejercer el derecho a la defensa tanto en Madrid como en Bilbao".
Por ello, ha asegurado que el Gobierno vasco "exige una actuación judicial lo más rápida y lo más clara posible" después de ver "la envergadura de la operación y la conexión evidente que tiene, al parecer, con la que tuvo lugar el año pasado", en referencia a la operación 'Jaque' desarrollada también contra varios abogados de ETA. En este sentido, ha asegurado que "es urgente" que conozcan de qué se acusa a los imputados, "los hechos que se les atribuyen".
Erkoreka también se ha referido a la decisión de la Fiscalía de abrir diligencias de investigación para determinar si el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, ha incurrido en delitos de "amenazas e injurias al Estado y a la Guardia Civil", al asegurar que es momento de dar "jaque mate" al instituto armado.
El portavoz del Ejecutivo ha afirmado que "respeta" esta decisión del Ministerio Público. No obstante, ha afirmado que lo "fundamental" de la situación "anómala" generada con las detenciones de este pasado lunes "no es el discurso" que puedan hacer unos y otros.
Por su parte, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha informado de que este pasado lunes habló con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. No obstante, ha censurado que éste no le dio más información que la que ya se había distribuido antes a través de un comunicado de prensa.
Beltrán de Heredia ha criticado que la Ertzaintza solo tuviera conocimiento de las detenciones que se habían producido cuando la Guardia Civil solicitó la "cobertura" de la Policía autonómica ante los disturbios que podían producirse durante los registros que iba a practicar tras los arrestos.
La consejera ha recordado que esta es la misma forma de proceder que se empleó desde el Gobierno central en la operación 'Jaque' del pasado año. Beltrán de Heredia ha censurado que este comportamiento supone una "clara deslealtad institucional" por parte del Gobierno español.